La administración de Monómeros Colombo-Venezolanos anunció hacer uso de las medidas transitorias contempladas en el Decreto 560 de 2020 para diseñar, en conjunto con los proveedores, trabajadores y acreedores de la compañía un plan de salvamento que permitirá asegurar la operación continuada de los negocios de la sociedad, preservar los empleos que genera la sociedad en Barranquilla y Buenaventura y proteger la seguridad alimentaria en Colombia. (Ver más Empresas)
Este plan de salvamento se sostiene en que, en 2021, las proyecciones económicas de Monómeros mejoraron en forma significativa, una tendencia que se había venido acentuando al paso que se reducía el impacto de la pandemia sobre el entorno empresarial colombiano.
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La compañía aspira aún a mantener su ritmo de crecimiento en los próximos meses y alcanzar cerca de un 9% en el 2022. Además, luego de un estancamiento de las inversiones en infraestructura y mantenimiento, durante el año 2021 se han invertido aproximadamente $29.000 millones.
Monómeros también reiteró que es “profundamente respetuosa de las decisiones de la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, en criterio de la administración, el sometimiento a control no es una herramienta idónea para hacerle frente a las necesidades de caja de la compañía. Precisamente para estos efectos el Gobierno Nacional ha diseñado medidas transitorias especiales, incluido el mecanismo del Decreto 560 de 2020, con el fin de que las sociedades colombianas hagan frente a las consecuencias adversas derivadas de la pandemia desatada por el Covid-19. A diferencia de tales medidas especiales, el sometimiento a control sólo puede agravar la situación financiera de Monómeros Colombo Venezolanos S.A.”.
Por ello, este procedimiento especial busca que, durante los siguientes tres meses, la compañía pueda negociar un plan de salvamento que permita su recuperación efectiva.
Durante la negociación del plan de salvamento, Monómeros contará con la protección de la ley colombiana para seguir operando y cumpliéndole a sus trabajadores, proveedores y acreedores.
Por último, advirtió que un grupo de personas ha venido promoviendo una campaña de desorganización y desinformación para llevar a la quiebra a la compañía, con lo cual se han puesto en riesgo cientos de empleos, así como la seguridad alimenticia colombiana. “La administración social pondrá la información disponible sobre estos hechos irregulares en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes”, finalizó.
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