El Presupuesto General de la Nación que ya fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso de la República trae un artículo, el 104, que permite el traslado desde fondos privados de pensiones a Colpensiones.
Esta iniciativa está dictada para hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años, que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.
El plan se contempla para que sea una realidad para el próximo año y será 2022 la ventana que tengan estas personas para, si así lo quieren, hagan el traslado.
Hay que recordar que un proyecto de esa misma naturaleza ya hacía curso desde julio de 2021 en el Congreso, el cálculo de esa iniciativa, a la que se opuso el Gobierno por dejar un costo de $35 billones, incluía a 223.000 personas. La diferencia sustancial radica en que el artículo planteado en el presupuesto reduce el número hasta las 19.000.
Con base en este último cálculo se prevé entonces, según el Ministerio de Hacienda, un costo cercano a los $3,8 billones, por lo que es asumible para el Gobierno.
Gobierno y algunas bancadas políticas concuerdan en decir que la aprobación de este artículo se hace en el marco en el que los trabajadores que no hicieron efectivo su derecho a la doble asesoría (para establecer qué régimen se acomoda más a su perfil laboral) puedan hacer el cambio a menos de 10 años de jubilarse, que es el tiempo límite permitido por la normativa nacional.
¿Cuál es la polémica?
El punto está en que, como sea, el Gobierno deberá asumir nuevos costos fiscales mientras el país propende por mejorar sus finanzas: a cuenta esto último por los efectos de la pandemia. Dificultades que le llevaron a liderar una reforma tributaria por $15,2 billones y, muy seguramente, otra en 2022.
Además, porque hay analistas que advierten que los cambios al sistema de jubilación deberían darse en el marco de la discusión de una próxima reforma tributaria.
Asofondos, gremio que reúne a los fondos pensionales en Colombia, ha puesto en entredicho el impacto de la iniciativa.
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Cálculos de la agremiación dan cuenta de que a cuatro de cada cinco personas no les convendría trasladarse, porque las cifras de afiliados que cumplen los requisitos de tener por lo menos 750 semanas cotizadas, en el régimen público, muestran que 73,4 % de ese grupo de trabajadores tiene ingresos entre uno y dos salarios mínimos.
“Para ellos, la mejor opción es seguir con sus fondos de pensiones, puesto que con menos tiempo cotizado (22 años) tendrán idéntica o similar mesada que en Colpensiones donde se exigen 25 años de cotizaciones”, advirtió Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.
Adicionalmente, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha asegurado que este tipo de artículos ahondan en debilidades del panorama de jubilación del país.
“La cobertura pensional en el 20 % de más altos ingresos es del 56 %, mientras que la del 20 % más pobre es solo del 2,5 %. El 90 % de los subsidios pensionales en el régimen público son para población no pobre. Iniciativas de ‘traslados exprés’ profundizan estas enormes inequidades”, concluyó Mejía.
La última palabra la tendrán las plenarias del Congreso. De momento, en las comisiones económicas el artículo tuvo proposiciones modificatorias y de eliminación que se van a estudiar en segundo debate.
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