La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por un total de $920.646 millones por la pérdida de recursos públicos de Bioenergy, exfilial de Ecopetrol, con ocasión de las inversiones realizadas para la terminación del componente industrial de la planta de producción de etanol “El Alcaraván”, en el departamento del Meta en 2017. (Ver más Empresas)
Así, se imputó culpa grave a dos gerentes generales y a cinco miembros principales de la Junta Directiva de Bioenergy Zona Franca, siendo ellos:
Jaime Leonardo Flórez, gerente general de Bioenergy (2009-2012) y Aleck Remberto Santamaría, gerente general de la empresa (2012-2015). Los miembros principales de la Junta Directiva imputados son: María Elena Velásquez, Juan Felipe Múnera, María Cristina Cortés, Myung – Ho Lee y Claudia Castellanos.
Igualmente se archivó la investigación a otros presuntos responsables, frente a los cuales se surtirá el grado de consulta: Juan Carlos Roa y la firma española Isolux Ingeniería.
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La Contraloría resaltó que, “a pesar de que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente US$434 millones más respecto del caso de negocio presentado en octubre de 2011; situación que unida al deficiente desarrollo del componente agrícola, originó que no se diera la productividad esperada, por cuanto Bioenergy y Bioenergy Zona Franca se encuentran en liquidación, lo que hace imposible obtener los flujos de recursos que permitan su recuperación”.
Por ello, se determinó, que sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, e incluso, sin que se hubiera obtenido la variedad optima, se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por el orden de $1,04 billones, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas a Bioenergy para la ejecución del proyecto industrial.
De este modo, para la Contraloría, no se debió haber dado continuidad a un proyecto que mostraba los indicadores financieros con tendencia a la baja y que finalmente, a febrero de 2017, tenía un Capex de US$778 millones, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de -1,2% efectivo anual.
La pérdida de la inversión se materializó al momento en que Bioenergy y Bioenergy Zona Franca, en enero de 2020, radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud encaminada a que se realizara la apertura del proceso de reorganización, por las pérdidas en que incurrió y que le impedían cancelar oportunamente sus obligaciones, y cuando en junio del mismo año solicitó terminar este proceso y entrar en liquidación.
Igualmente se demostró que la planta “El Alcaraván” fue proyectada con una capacidad de producción de etanol de 504.000 litros al día, pero entre el año 2017 al 2019 se produjeron 131.209.887 litros, lo que se traduce en una utilización de 73 días para el año 2017, 94 para el 2018 y 98 para el 2019, lo que prueba que las decisiones, adoptadas para dar continuidad al proyecto, fueron desacertadas, concluyó la Contraloría en su pronunciamiento.
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