Unas 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas por el fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela están siendo operadas por compañías privadas, que están pagando una partida al régimen bajo el formato de arriendo o de “alianzas estratégicas” para administrarlas.
Chávez emprendió una estatización masiva de las compañías que consideraba como parte de sectores clave de la economía. Ese formato consistía en expropiaciones de las firmas, que en muchas ocasiones anunciaba en su programa de Aló Presidente, para ponerlas en manos de actores públicos. (Ver más de Internacional).
Las nacionalizaciones fueron recurrentes entre 2006 y 2010, pero continuaron en los años posteriores del régimen chavista. Un informe de la organización Transparencia Venezuela indicó que para 2017 el Estado era propietario de 505 empresas.
De ese número, dice la ONG, 353 fueron creadas desde 2001, cuando Chávez ya llevaba dos años en la Presidencia como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la colectividad izquierdista con la que llegó al poder.
No obstante, las nacionalizaciones afectaron el aparato económico y socavaron la confianza de los inversionistas por la recurrente participación de políticos y militares en el ecosistema empresarial del país suramericano, uno de los factores que incidió en la crisis del país.
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Paralelo a esto, tras la muerte de Chávez y con el ascenso de Nicolás Maduro, la legitimidad del Gobierno se puso en duda y Estados Unidos empezó a aplicar diferentes sanciones de carácter internacional a las compañías relacionadas con el régimen y los funcionarios más importantes de este, lo que complicó las cuentas de la administración de Maduro.
En ese contexto, la agencia Reuters reveló que el régimen ha permitido que privados administren al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas por Chávez. Estas, sin embargo, siguen bajo propiedad del Estado.
Esas compañías producen alimentos (harina, maíz, productos lácteos, enlatados, entre otros), un asunto que llama la atención, si se tiene en cuenta que Venezuela ha vivido varios periodos de escasez de comida en la última década, uno de los antecedentes que ha impulsado la migración desde dese país.
La agencia detalló que los operadores privados deben asumir la nómina de los empleados, financiar inversiones y destinar parte de su producción a programas estatales de distribución de alimentos. Algunas de las empresas que comenzaron a funcionar bajo ese formato son Agropatria, Pio Tamayo, Consorcio Veinca y Alimentos El Maizal.
A pesar de esa estrategia, las empresas del sector de alimentos de Venezuela siguen en crisis. La Encuesta Nacional de Hogares indica que 79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de alimentos y 96 % de las personas están en situación de pobreza.
Esto se suma a que de enero a agosto de 2021 la inflación ha subido 470 %, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas. Solo para agosto, el índice de precios al consumidor se incrementó 1.743 %. Esos factores frenan el acceso de los venezolanos a los alimentos.
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