El vicecontralor general de Colombia, Julián Mauricio Ruíz, aseguró este martes que, aunque los retrasos y fallos en el proyecto de Hidroituango de EPM en Antioquia dejaron daños por $4,3 billones, no es posible hablar de un caso de corrupción porque no hay evidencia de conductas a título de dolo. Para más información de energía haga clic aquí.
Sin embargo, sí se ejecutaron sin la falta de diligencia adecuada y, por ende, todo el fallo apunta a declarar la responsabilidad a título de culpa grave a las 26 personas naturales y jurídicas ya sancionadas.
El funcionario aclaró que la Contraloría no impone sanciones de inhabilidad, ya que lleva unos procesos con fines netamente resarcitorios de los daños al patrimonio público. “El ordenamiento jurídico establece una condición de inelegibilidad derivado del fallo de responsabilidad fiscal, concretamente en el artículo 48 del Código Disciplinario y en el artículo 60 de la Ley 610”, resaltó Ruiz.
Al respecto, indicó que las consecuencias que establece la ley para el fallo son:
“Al momento de que una persona se registrarse en el boletín de responsables fiscales, podrá resultar inhabilitada para tomar posesión de cualquier cargo público. Sin embargo, desde la Contraloría, en compañía de una bancada del Congreso, se logró sacar adelante un control automático de legalidad, un control jurisdiccional automático de la ley 2080 de 2020, que modificó el Código Contencioso Administrativo”, indicó el vicecontralor.
Recomendado: EPM recibió US$100 millones y completa US$350 millones de aseguradora Mapfre por HidroItuango
De manera que se produce la suspensión de la inhabilidad que se deriva del fallo con responsabilidad fiscal, hasta tanto un juez haga la revisión completa e integral del proceso. No obstante, el Consejo de Estado, recientemente, en su sala plena decidió no aplicar el control automático de legalidad.
“Pero en el caso específico de que el fallo no se ha revocado y se confirma en la segunda instancia, y una vez notificado, debe ser enviado de la jurisdicción contenciosa para ese control automático y que sea el juez del asunto quién tome la decisión de rechazar el control automático o lo adelanta”, precisó Julián Mauricio Ruiz. Vale recordar que entre los afectados por el fallo de responsabilidad fiscal está Sergio Fajardo, actual precandidato a la Presidencia de Colombia.
Adicionalmente, el miembro de la Contraloría General de la República de Colombia aseguró que en el curso del proceso se decretaron las medidas cautelares necesarias y las máximas posibles para poder garantizar, en caso de confirmarse en segunda instancia y quedar en firme, que se recuperen los $4,3 billones.
“Lo mismo están vinculadas unas pólizas por $400.000 millones aproximadamente que también ayudarán a amortiguar ese resarcimiento al recurso público. Después vendrá una siguiente etapa que será otra búsqueda de bienes en el marco del proceso de cobro coactivo que tenemos en la Contraloría y que además tiene preferencia frente a cualquier otro acreedor y allí se determinará si podemos llegar a más bienes, cuentas, dineros para resarcir totalmente el perjuicio al patrimonio del Estado”, precisó Ruiz.
Recomendado: EPM y Mapfre suspenden, temporalmente, proceso arbitral por Hidroituango
El vocero de la Contraloría recalcó que, en el caso de que las aseguradoras paguen la deuda ocasionada por los retrasos y fallas de Hidroituango, el caso podría finalizar incluso antes de que llegue a segunda instancia.
“La finalidad única del proceso de responsabilidad fiscal es el resarcimiento al patrimonio del Estado de todos los daños que se le hayan causado; si las pólizas llegan a cubrir la totalidad, efectivamente, se acaba el proceso”, manifestó.
Vale mencionar que Empresas Públicas de Medellín (EPM) recibió el martes 31 de agosto un pago anticipado de US$100 millones por daño material en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango por parte de la compañía aseguradora Mapfre. Con ese giro, los recursos recibidos hasta el momento por la contingencia registrada en la obra en abril de 2018 ascienden a US$350 millones.
Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, señaló que “los US$350 millones recibidos hasta la fecha por la indemnización de la contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, a través de la póliza de ‘todo riesgo construcción y montaje’, son producto de este nuevo pago por US$100 millones, sumados a los US$150 millones entregados por Mapfre en diciembre de 2019 y los US$100 millones reembolsados en septiembre de 2020”.
Entre tanto, el vicecontralor destacó que el tiempo que tienen los involucrados es de cinco días hábiles para presentar los recursos de reposición y apelación, y en la segunda instancia contarán con 30 días hábiles para resolver los mismos. Asimismo, explicó que las medidas cautelares se mantendrán en caso de confirmarse el fallo, pero se levantarán en el caso de que sea revocado.
Recomendado: Conconcreto, Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y otros deberán responder fiscalmente por caso HidroItuango
Cabe recordar que los $4,3 billones son una responsabilidad solidaria, lo que implica que el acreedor -en este caso la Contraloría o el Estado colombiano- le puede cobrar a uno, o a todos, la totalidad hasta que se resarza totalmente el daño.
—
