La Corte Internacional de Justicia (CIJ) realizará audiencias públicas en septiembre sobre la disputa entre Colombia y Nicaragua por el mar territorial. (Ver más de Internacional).
Los encuentros, que se llevarán a cabo en La Haya, marcan la continuidad del proceso mediante el que el país centroamericano demandó a Colombia reclamando soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los eventos se llevarán a cabo entre el 20 de septiembre y el primero de octubre. Los representantes de las partes de este litigio, que tiene dos décadas en los folios de la CIJ, participarán en persona y por video para escuchar.
En esa disputa, Nicaragua pidió a la CIJ establecer un nuevo límite marítimo entre ambos países, en las costas continentales, argumentando que parte del océano que hoy es reconocido como territorio colombiano le pertenece.
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En septiembre de 2012 la Corte emitió un fallo mediante el cual confirmó la soberanía de Colombia en siete callos ubicados en esa zona. Sin embargo, la providencia también le dio a Nicaragua soberanía sobre una parte del mar cercano a esa zona.
Desde entonces, la disputa continúa y Managua busca extender su potestad sobre las aguas del Caribe, extendiendo los procesos que lleva a cabo contra el país en ese organismo internacional.
Las audiencias hacen parte del procedimiento ordinario previsto para estos casos. Nicaragua presentará oralmente los principales argumentos en los que fundamenta sus pretensiones. Lo propio hará Colombia, quien presentará oralmente sus argumentos contra las demandas de Nicaragua y a favor de las contrademandas presentadas. Luego, la CIJ procederá a deliberar sobre los argumentos de las partes. La Corte debe emitir un fallo, que podría llegar en 2022.
Junto a este caso, actualmente cursa otra disputa en la CIJ sobre la Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, iniciado por Nicaragua el 16 de septiembre de 2013.
La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y cumple dos funciones. Primero, resolver de conformidad con el derecho internacional controversias que le sometan los Estados. Segundo, emitir opiniones consultivas sobre cuestiones legales remitidas a él por los órganos y agencias debidamente autorizados de las Naciones Unidas del sistema.
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