La ministra TIC, Karen Abudinen, anunció que están en curso las investigaciones pertinentes y sanciones administrativas.
A través de una alocución en Youtube, la titular del sector TIC explicó las sanciones que vienen tras la cancelación del contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centro Poblados “la decisión más contundente en materia de contratación estatal”, dijo la alta funcionaria. Ver más en Política.
Esta decisión, indicó Abudinen, se tomó respetando el debido proceso “con firmeza y convencimiento de que es la decisión más acertada”. La caducidad del contrato también trajo la sanción a la Unión Temporal de prohibir la contratación con el Estado por cinco años y la cesación inmediata de todos los contratos de esa firma vigentes a nivel nacional, regional y local.
“Con esta medida estamos protegiendo los recursos del Estado que pertenecen a todos los niños y la conectividad de los colombianos”, indicó la ministra.
“Fuimos nosotros quienes denunciamos de manera inmediata y conformamos un equipo para realizar todas las acciones”, agregó y al mismo tiempo informó que fue su Ministerio el que denunció tempranamente de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación para que iniciara las investigaciones pertinentes (…), “para que a la mayor brevedad se den resultados contundentes frente a estos hechos tan bajos y despreciables para la Nación”.
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“Continuaremos brindando información y prestando toda nuestra colaboración cuando así se requiera”. La ministra TIC indicó que dieron traslado a los entes de control: Procuraduría y Contraloría, organismos a los que se les entregó toda la información para que iniciaran sus investigaciones.
“Está en curso una actuación administrativa a la firma interventora, Consorcio PE 2020 C Digitales, responsable de supervisar la ejecución del contrato y avalar los anticipos y giros”. “Cambiamos la supervisión del contrato para garantizar la transparencia y facilitar las acciones de los entes de control”, aseveró.
“Hemos realizado actuaciones frente a la fiducia y a SESCOLOMBIA, este último contratado por el Ministerio para revisar los riesgos y las garantías del proceso, y quien dio el concepto favorable sobre la validez de las garantías”, explicó.
“Avanzamos en el ‘Plan de Choque’ para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo. Adelantaremos el proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación, así como la nulidad del contrato UT Centros Poblados”, dijo.
Además, la funcionaria manifestó que buscará la recuperación de los dineros ejecutados durante la duración previa del contrato y que están en curso los procesos internos de auditoría para establecer si hubo fallas en el proceso al interior del Ministerio y hallar a los responsables de este fallido contrato, en caso que esto llegara a ocurrir.
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