En un informe elaborado en conjunto por la Contraloría General de la República y la Universidad de Los Andes se encontró que, ante la falta de ejecución, la implementación de los Acuerdos de Paz se va a demorar hasta 26 años. Vea más de política acá.
Evidenció el documento que la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 %, desde la firma del Acuerdo en 2017 y hasta la fecha.
Sin embargo, en lo corrido de estos no se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
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Los cálculos de la Contraloría y la Universidad de Los Andes dejan ver que por, a un promedio de ejecución de $5,6 billones anuales, “la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años”.
El estudio encontró, con base en datos del Marco Fiscal, que, en 2017, de los $9,09 billones, se ejecutaron $5,36 billones. La lista sigue de la siguiente manera:
2018: $4,21 billones (de $8,62 billones)
2019: $6,31 billones (de $8,55 billones)
2020: $6,53 billones (de $8,38 billones)
2021: $5,67 billones (de $8,80 billones).
“De acuerdo con esto, se han presentado rezagos en el cumplimiento de lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de $8 billones en 2017-2018, $4 billones en 2019-2020 y $3 billones en el 2021”, explica el documento.
En resumidas cuentas, la Contraloría encontró que, entre 2017-2020, se dio una ejecución de $22,4 billones a precios de 2020, es decir: “un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este cuatrienio y un 15 % de avance frente al costeo total de $146,7 billones (también a precios constantes de 2020)”.
Los recursos entregados, en mayor parte ejecutados a 2020, se destinaron principalmente para dos puntos del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral y Solución al Problema de Drogas.
Uno de los hallazgos del análisis deja ver sin embargo que el Fondo de Tierras “no cuenta con recursos monetarios para la compra o subsidio de tierras. Así mismo, la línea especial de crédito presenta escasos resultados. Lo que, aunado a la no adopción e implementación del Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural y la no creación de la jurisdicción agraria, no permite tener las mejores perspectivas en este pilar y en la resolución pacífica de los conflictos sobre la tierra”.
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Ahora, respecto a la ejecución de 2021 la Reforma Rural contempla el 74,2 % de los recursos, mientras que para la Solución al Problema de las Drogas alcanza tan solo un 0,2 %.
“Respecto al componente de paz de $42 billones de 2020, se han ejecutado $18,5 billones a marzo de 2021, es decir un 44 % de lo previsto para los cuatro años”, explica el informe.
Recuerda finalmente la Contraloría que, en el marco del Presupuesto General de la Nación, se han apalancado el 71 % de la implementación del Acuerdo Final, “incluyendo los recursos proyectados en 2021, año en el que esta fuente representa el 95 %, constituyéndose de esta forma en la principal. El 65 % de esos recursos se han orientado a la Reforma Rural Integral (RRI), seguido por un 9 % dirigido al Fin del Conflicto y un 12 % a Víctimas”, concluye la Contraloría.
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