La crisis económica generada por la pandemia llevó a que el Gobierno de Chile abriera una ventana con un camino difuso para los fondos de pensiones y el futuro del bolsillo de los chilenos: el retiro de los ahorros pensionales.
Son tres los retiros de las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP) que han sido aprobados por el legislativo, el primero de estos con el respaldo del Ejecutivo de Sebastián Piñera, y ahora el Congreso se encamina a revisar un cuarto.
La discusión es liderada por Marcos Ilabaca, diputado por la región de Los Ríos, quien considera que esas instituciones no son una herramienta útil para las jubilaciones de los chilenos y apela por una reforma al sistema pensional.
Ibarra, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ya programó para el 11 de agosto el inicio del trámite de dicho proyecto, que perfila tener el respaldo de una buena parte de los escaños del Congreso, curules que en meses anteriores sacaron adelante los otros retiros.
“No me puedo negar a poner en discusión proyectos de ley que van en ayuda de las familias chilenas, ante la ausencia de ayudas del Gobierno”, sentenció Marcos Ilabaca al anunciar la puesta en marcha de la iniciativa.
Pero las cifras evidencian que sí hay un gasto importante en cuestiones sociales por parte del Ejecutivo. Valora Analitik conoció que los desembolsos mensuales del Gobierno de Chile en asistencia social es de US$3.000 millones.
El cuarto retiro de las AFP será discutido por esa Comisión junto a seis proyectos más, entre los que está uno que pretende extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por el resto de 2021, considerando que ese programa que desembolsa dinero a las personas termina en septiembre.
Según reseñó La Tercera, si se aprueba el cuarto retiro, casi la mitad de los trabajadores quedarían sin ahorros en sus cuentas de pensiones, fondos que se habían trazado para el momento de su eventual jubilación, en la vejez.
La discusión sobre el sistema de pensiones en Chile es profunda y no solo fue alentada por las deducciones que se aprobaron en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19.
Desde 2019, el descontento de un sector de la ciudadanía con el sistema de pensión fue uno de los motivos que alentó el estallido social que terminó en el llamado a la Convención Constituyente.
Incluso, ese tipo de cuestiones en materia social centran la lista de requerimientos que estudia la Convención a cargo de redactar la propuesta para una nueva carta magna.
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