Moody’s Investors Service detalló que los planes políticos del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, podrían afectar la inversión en el país y resultar contraproducentes para la actividad económica.
La calificadora se pronunció acerca de la proclamación del izquierdista como próximo mandatario del país, quien se prepara para asumir la Presidencia en cuestión de días, el miércoles 28 de julio.
Ese día, Castillo pedirá instalar una Asamblea Constituyente. En las modificaciones que contempla para la carta magna está la propuesta de sustituir el modelo neoliberal (economía social de mercado) por una “economía popular con mercados”, que es el planteamiento de su partido, Perú Libre.
Así las cosas, Jaime Reusche, vice president y senior credit officer de Moody’s, apuntó que “con la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo del Perú, el país sigue afrontando una gran incertidumbre dada la falta de claridad en torno a su agenda de políticas”.
Reusche dice que “un pilar clave de la plataforma política del nuevo Gobierno parece involucrar reescribir la actual Constitución. Tal cambio aumentará la incertidumbre probablemente desalentando la inversión y frenando la actividad económica, factores que pueden debilitar el perfil crediticio de Perú”.
Pedro Castillo resultó ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizaron el pasado seis de junio. Sin embargo, su victoria apenas se confirmó el pasado lunes 19 de julio, después de un apretado conteo de votos y el estudio de 1.000 demandas al escrutinio interpuestas por simpatizantes de su contrincante Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
La agenda de Perú Libre contempla revisar el manejo de los recursos naturales del país, la incidencia de las multinacionales en la economía, las inversiones y el uso de la tierra. Ese partido es respaldado por sindicatos, líderes campesinos y votantes de zonas rurales, que fueron determinantes para el triunfo de Castillo en los comicios.
En esa línea, contempla la nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos y petroleros; prohibir las importaciones de maíz, trigo y arroz, que son productos que se cosechan en las tierras del país, rebajar la edad de pensión desde los 65 a los 60 años y garantizar la inversión del 10 % del Producto Interno Bruto del país a salud y educación.
No obstante, los cambios que pretende trazar el próximo Gobierno no serán fáciles de gestionar porque el Congreso está fragmentado y no cuenta con un respaldo significativo dentro del legislativo. Desde ya se vaticina un escenario político convulso, con la particularidad de que en ese país el Ejecutivo puede clausurar forzosamente el Congreso.
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