La Procuraduría General de Colombia formuló cuatro pliegos de cargos por posibles irregularidades relacionadas con las adiciones hechas a los contratos de los proyectos viales Ruta del Sol II y III.
En el caso de la Ruta del Sol II, en desarrollo de las investigaciones adelantadas, el ente disciplinario cuestionó al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, por la suscripción de los otrosíes 3 y 6 al contrato de concesión 001 de 2010 celebrado con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
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El pliego de cargos señala que Andrade Moreno habría puesto en funcionamiento “todo el aparato que tenía a su disposición en la ANI para lograr la justificación técnica, financiera y jurídica que argumentara esas adiciones con el fin de entregarle, de manera directa, a la mencionada concesionaria un corredor vial diferente al originalmente otorgado (Puerto Salgar a San Roque)”.
Dentro de esta investigación disciplinaria también se cuestiona de parte de la Procuraduría la conducta de Alexandra Lozano Vergara, exgerente jurídica de Gestión Contractual 2; Andrés Figueredo Serpa y Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidentes de gestión contractual y David Leonardo Montaño García, exasesor jurídico de la ANI, quienes habrían avalado, dentro del marco de sus competencias, documentos previos a la firma de los otrosíes 3 y 6.
En un segundo proceso disciplinario, el órgano de control formuló pliego de cargos al exfuncionario de la ANI, Juan Sebastián Correa Echeverry, quien al parecer organizó reuniones entre Andrade Moreno y Euberto Martorelli, director de la firma brasileña Odebrecht en Colombia (socio mayoritario de la concesionaria), donde se establecieron acuerdos posiblemente ilegales que viabilizaron la suscripción de las adiciones 3 y 6 al contrato de concesión 001 de 2010.
Por sus gestiones, dijo la Procuraduría, Correa Echeverry habría recibido en el año 2015, una remuneración ilegal por 100 millones de pesos de Otto Nicolás Bula; pago que fue ordenado por el entonces senador Bernardo Miguel Elías Vidal.
La conducta reprochada fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo por parte del ente disciplinario.
En una tercera investigación se cuestionó al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, por la suscripción del acta número 118 del comité asesor de asuntos contractuales de 2015 y las adiciones 7 y 9 al contrato de Ruta del Sol II, mediante las cuales se habría alterado de manera irregular y en favor del contratista el modelo financiero de esta concesión.
Al parecer, dijo la entidad, no se trataba de una simple modificación de la forma de traslado de los recursos, pues se habrían otorgado beneficios de rentabilidad y una flexibilización del esquema de pagos, mejorando el flujo de caja a la concesionaria.
Ruta del Sol III
En este caso, la Procuraduría avanza en un cuarto proceso disciplinario contra Andrade Moreno y Germán Córdoba Ordóñez, exvicepresidente ejecutivo de la ANI, por los otrosíes 2 y 5 en el proyecto de la Ruta del Sol III, a cargo de Yuma Concesionaria.
A través de estas adiciones se habrían pactado los estudios y diseños del segundo puente entre Plato y Zambrano, sobre el río Magdalena por valor de $5.788 millones con el fin de entregarle, de los recursos comprometidos en estos otrosíes, $650 millones a José Roberto Prieto Uribe.
Los cuestionados documentos habrían estado amparados en unos estudios previos firmados por Córdoba Ordóñez, quien al parecer justificó ante el comité de contratación de la ANI la modificación de este proyecto; posteriormente habría suscrito el otrosí 5, pese a que el objeto de este no tenía ninguna relación con la obra de infraestructura inicialmente contratada.
Si bien Andrade Moreno no suscribió el otrosí, se habría encargado de proponer, coordinar y gestionar las adiciones para presuntamente favorecer económicamente a un tercero ajeno al contrato de concesión, puntualizó la Procuraduría en el pliego de cargos.
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