La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) pidió al Gobierno y al Congreso de la República encontrar puntos en común para garantizar una propuesta sólida de reforma tributaria.
“El gremio recuerda que no es momento de oportunismos políticos, sino de continuar trabajando para obtener una estructura de reforma que permita obtener los recursos que la Nación requiere con urgencia, para asegurar su financiación, la calificación de riesgo, y garantizar la política social”, dijo la Andi.
Con base en este escenario, la Andi volvió a entregar una serie de propuestas con las que se espera pueda llegarse a ese punto de entendimiento entre Gobierno y cuerpo legislativo.
Reiteró la Andi la posibilidad de suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el impuesto sobre la renta, “durante el periodo necesario según los resultados que indique el marco fiscal de mediano plazo”.
La segunda propuesta consiste en la posibilidad de aplazar la reducción de la tarifa general del impuesto sobre la renta “de acuerdo con los resultados que indique en marco fiscal de mediano plazo”.
Recuerda la Andi que la tarifa general de renta actualmente es del 31 % y a partir del 2022 sería del 30 %.
El tercer punto tiene en cuenta establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales.
“Sería un impuesto transitorio que recaería exclusivamente sobre las personas naturales que tengan un patrimonio líquido superior a $5.000 millones, con una tarifa del 1 %”, dice la Andi.
Y finalmente, pide el gremio que se tenga en cuenta la posibilidad de adelantar la enajenación de activos de la Nación “que en su conjunto pudieran otorgar hasta $15 billones para ser utilizados en el fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y subsidio a la nómina, al igual que necesidades de servicio de la deuda a corto plazo”.
Los cálculos de la Andi dan cuenta de una propuesta que podría llegar a recaudar hasta $30 billones si se tienen en cuenta los $15 billones por enajenaciones, $12,4 billones por cambios a ICA, patrimonio y renta a personas jurídicas y otros $3 billones por reducción de gasto y cambios permanentes al IVA.
“Nuestra propuesta implica un importante sacrificio en materia de competitividad y un aumento en la tarifa efectiva de tributación del sector empresarial, por ello, la misma tiene carácter transitorio y solo deberá estar vigente mientras subsistan las condiciones de emergencia sanitaria, derivada de la pandemia”, concluyó la Andi.
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