El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Imef) se pronunció sobre la reforma a la ley de hidrocarburos que está en trámite en el legislativo de México, asegurando que esta tiene planteamientos que representan un riesgo para la economía nacional.
El Imef consideró que las disposiciones son un retroceso en el mercado competitivo en materia de hidrocarburos, por consideraciones como el requerimiento de mostrar capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos.
Este, “eleva de manera importante el riesgo de los proyectos de inversión, lo que inhibirá el desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiencia del sector y para la preservación de la seguridad energética del país”.
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También consideraron que puede aumentar la incertidumbre sobre la viabilidad de las inversiones en el sector, debido a los nuevos requerimientos para las solicitudes de permisos.
La propuesta del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador contempla que los permisos pueden ser suspendidos cuando se considere que representan un peligro para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
No obstante, sobre esa aseveración no están definidos los criterios de evaluación de qué se considera como tal, por lo que el Instituto considera que esto “impide que se diseñen proyectos de inversión que cumplan con los requisitos pertinentes. La posible discrecionalidad en las decisiones eleva sustancialmente el nivel de riesgo de las inversiones”.
A renglón seguido, señalaron que hay una “intervención directa en los derechos de propiedad de los inversionistas”, debido a que la reforma a la ley de hidrocarburos contempla la posibilidad de que la autoridad que haya emitido el permiso se haga cargo de la administración y operación del permisionario.
Por eso, el Imef afirma que el sector de hidrocarburos en México quedaría en riesgo de que “se configure una innecesaria expropiación indirecta del patrimonio de los particulares”.
Finalmente, señalaron que la presión presupuestaria que se ejercerá sobre Pemex (la petrolera estatal) se dará en circunstancias financieras complejas y en un entorno de finanzas públicas con un margen de maniobra reducido. Esto “dificulta la liberación de espacio fiscal para inversiones más productivas y protección social”.
El proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos de México ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y está en manos del Senado. Sin embargo, el sector privado y la academia han presentado reparos a la iniciativa del López Obrador.
El presidente introdujo la propuesta bajo la premisa de buscar la “soberanía” del país en asuntos energéticos y de hidrocarburos, lo que llevaría a que la nación dé prioridad a las empresas estatales y los recursos que estas administran sobre los de privados.
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