Colombia no solamente se enfrenta al reto de liderar y sacar adelante una reforma tributaria durante este año. Hay otros cambios en materia económica que se esperan estén en el marco de la agenda del Gobierno, durante este y comienzos del próximo año.
Son dos puntos sobre los que deberá trabajar Colombia: reforma pensional y la reforma laboral. Dos reformas que vienen abriéndose camino desde hace un par de años.
Cambios pensionales
Varios han sido los analistas y agentes económicos los que han pedido al Gobierno empezar a revisar modificaciones sustanciales para el sistema de pensiones en Colombia, toda vez que los cambios demográficos y la misma pandemia demandan nuevas reformas.
El Gobierno no ha querido meterse en la discusión de esta reforma, y si bien en un principio dijo que este año sería el de las grandes reformas, de momento se centra en la tributaria.
Uno de los debates más importantes ha girado en si en Colombia va a ser necesario aumentar la edad de pensión toda vez que hay variables en juego como mayores expectativas de vida o la necesidad de garantizar más recursos del sistema público para quienes ya están jubilados, en el régimen solidario.
Frente a este punto, desde 2019 el presidente Iván Duque se ha mostrado en contra de la opción de que los colombianos deban trabajar por más años para poder acceder a una pensión.
Con esto en mente, el otro debate que deberá darse está entonces en si los colombianos deberán aumentar sus porcentajes de cotización a pensión con la idea de mejorar el ahorro y, en el caso del sector público, aliviar la carga fiscal que suponen estas pensiones.
En el marco de la discusión de esta reforma pensional, el Gobierno también se verá en la necesidad de solucionar la propuesta de si Colpensiones deberá o no seguir funcionando, o si Colombia deberá optar por un régimen de ahorro individual.
Duque también ha dicho que no es partidario de que se proponga la eliminación de ese régimen de jubilación público.
Aunque hay que tener en cuenta que, según Fitch Ratings, será sustancial que el país entre a debatir esa opción toda vez que el sistema público en Colombia, según cifras de la calificadora, tiene cerca de siete millones de afiliados, de los cuales 1,4 millones reciben pensión.
Todavía con la urgencia por garantizar esos cambios en una eventual reforma pensional, Fitch cree que será viable su discusión y aprobación solamente hasta después de las elecciones de 2022.
Lo anterior teniendo en cuenta que la prioridad del Gobierno es la de sacar adelante la reforma tributaria y el ambiente político de la campaña presidencial puede desdibujar las necesidades más urgentes del país.
Del lado laboral
Los cambios planteados en la reforma pensional, han mencionado tanques de pensamiento, deberían incluirse en el marco de una gran reforma laboral que contemple otras propuestas.
En ese sentido, hay iniciativas atomizadas que han nacido desde el mismo Ministerio de Trabajo y desde el Congreso de la República.
La formalización como pilar en esta política pública es la base sobre la cual está viendo el Gobierno posibles cambios. En su momento la exministra de Trabajo de este Gobierno, Alicia Arango, planteó la posibilidad de que en Colombia los trabajadores pudieran cotizar por horas.
La perspectiva de la funcionaria, ahora embajadora ante las Naciones Unidas, dejaba de manifiesto la posibilidad de aumentar los márgenes de formalidad y entregarle al sistema de salud y pensional los recursos que estaba dejando de recibir de los trabajadores informales.
Esta propuesta va de la mano con la tarea que tiene el Gobierno por regular el trabajo que se da a través de plataformas digitales, y sobre las cuales ya se legisla tanto en Cámara de Representantes, como en Senado.
Finalmente, en una eventual reforma laboral, el Gobierno, Congreso y analistas discutirán sobre propuestas como la del Centro Democrático de reducir la jornada laboral a 40 horas.
La propuesta ya ha sido rechazada desde algunos gremios empresariales del país, toda vez que podría afectar la productividad nacional.
