La Superintendencia Financiera de Colombia – SFC ordenó a la sociedad Finance Markets Capital Sociedad Administradora de Inversión S.A., también denominada por su sigla “Finance Markets Capital – FMC” y a Wilson Montealegre Pulido, en su calidad de representante legal, la suspensión inmediata de las operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
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La Superfinanciera ordenó eliminar del registro mercantil la denominación de Sociedad Administradora de Inversiones. Esta no tiene aprobación de constitución por parte de la Superfinanciera.
Se ordenó también retirar la información relacionada con el producto “Fondo FMC” de todos los medios de comunicación empleados (sitio web, redes sociales, entre otros).
Otras consideraciones
Además, se ordenó retirar cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente que cuenta tiene autorización para constituirse y funcionar como una Sociedad Administradora de Inversiones para administrar fondos de inversión colectiva.
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La medida ordena realizar de manera inmediata la devolución de los recursos captados ilegalmente. Imposibilita realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad. Ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La Superintendencia Financiera estableció que la sociedad, mediante la suscripción del denominado “Contrato celebrado entre Finance Markets Capital y el inversionista”, ha vinculado al menos a 69 personas.
Estas aportaron recursos para invertir en el supuesto “Fondo FMC” mediante diferentes planes de inversión denominados. “Semilla, Semilla Plus, Cosecha, Cosecha Plus y Sauce”, entre ellos. Se ofrecieron rentabilidades fijas del 3 %, 6 % y 8 % mensual en las operaciones cuyos plazos oscilan entre 12 y 20 meses.
Superfinanciera remitió copia de la medida a, entre otras autoridades, la Superintendencia de Sociedades. Esto con el propósito de intervención administrativa. También se entregaron a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.
