Hoy el Tribunal Arbitral de La Haya decidió a favor de Colombia y desestimó en su totalidad las reclamaciones de Gas Natural Fenosa en la demanda que instauró la compañía española por Electricaribe en 2018. Las pretensiones iniciales contemplaban el pago de cerca de $4,8 billones que, con el fallo, se ahorra el Estado colombiano.
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Este es el arbitraje de inversión más cuantioso y complejo de la historia del Estado colombiano en tribunales internacionales en la historia, indicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
“Colombia no debe pagar un solo centavo a Gas Natural, hoy Naturgy… Es señal clara de la seguridad jurídica del Estado colombiano… Es un triunfo para las condiciones de inversión y la seguridad que se ofrece a los inversionistas en el país… Protegemos el dinero de todos los colombianos”, enfatizó el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez sobre el fallo.
A su vez, agregó, que no ve posible que hoy Naturgy haga una anulación del caso, debido a la solidez probatoria, tal como evidencia el laudo arbitral.
Gas Natural Fenosa había iniciado esta querella por el proceso de intervención que adelantó la Superintendencia de Servicios Públicos contra Electricaribe, argumentando que se trataba de una ‘expropiación’.
Esto pues la Superintendencia ordenó en 2017 la liquidación de Electricaribe debido a múltiples irregularidades, en la que Gas Natural Fenosa tenía el 85% de las acciones.
El Gobierno aseguró que era evidente que la compañía no podría seguir respondiendo ante los usuarios y por eso la liquidó y comenzó el proceso para encontrar un nuevo inversionista, operación que el año pasado se concretó con la vinculación de EPM y su filial Afinia a CaribeMar para atender el servicio de energía en Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, mientras que Enerpereira y su filial Air-e se hicieron con CaribeSol para atender a Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Posterior a la demanda inicial de Gas Natural, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica reveló que se instauraba una contrademanda por $1,7 billones por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe.
No obstante, la contrademanda fue desestimada por el Tribunal por asuntos de jurisdicción, explicó Gómez.
“Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la regional”, dijo por entonces el director de la Agencia.
El litigio estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de las firmas internacionales Sidley Austin LLP y Stanimir A. Alexandrov PLLC, quienes desarrollaron una estrategia para defender todas las medidas del Estado colombiano que fueron cuestionadas por los demandantes.
Gómez resaltó el trabajo exitoso del equipo de abogados de esta y de las firmas internacionales en el proceso.
“La Agencia celebra la decisión de la instancia internacional y está convencida del uso de mecanismos alternos de solución de controversias que resuelvan con mayor prontitud los casos”, concluyó sobre este histórico caso favorable al Estado colombiano.
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