El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió abrir un proceso judicial contra la administración de su antecesor, Mauricio Macri, por la deuda del país.
Fernández anunció el inicio de ese pleito, que en el país se le conoce como querella criminal, durante su discurso en la apertura del periodo 139 º de sesiones ordinarias del Congreso.
El mandatario asegura que el objetivo es investigar si hubo una administración fraudulenta y malversación del dinero que recibió el Estado en el marco del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Vale recordar que el país tiene un crédito con ese organismo por US$44.000 millones que fue gestionado por la administración de Mauricio Macri, buscando solventar la crisis económica.
Sin embargo, la deuda de Argentina es un factor de profunda fractura política. Incluso, cuando Fernández estuvo en campaña para llegar a la Casa Rosada, su discurso se centró en atacar la gestión de Macri con los acreedores internacionales.
Textualmente, el presidente dijo que pidió a las autoridades pertinentes que “formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los actores y participantes de la administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda».
Durante su alocución ante el legislativo, un congreso de diputados conectados por videollamada para escuchar su discurso, el presidente de Argentina fue reiterativo al criticar la situación nacional que recibió del gobierno anterior.
“Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado”, sentenció Fernández en su presentación ante el Congreso.
Y continuó: “Debíamos enfrentar el incendio a pesar de que otros habían terminado con el agua”, refiriéndose a la gestión de su asesor.
Argentina comenzó a buscar el diálogo con el FMI en 2018, con el objetivo de gestionar un préstamo de US$53.000 millones para atender la crisis económica.
De ese monto, solo le fueron desembolsados US$44.000 millones. El préstamo se dio en un contexto de inflación y recesión, con un aumento marcado de la pobreza que dejó a 44 millones de personas en esa situación.
El crédito fue motivo de protestas entre parte de la ciudadanía argentina y marcó la campaña en las elecciones presidenciales de 2019, cuando llegó Alberto Fernández al poder en compañía de la expresidenta -y ahora vicepresidenta- Cristina Fernández.
Desde entonces, la Casa Rosada intenta renegociar la deuda con su principal acreedor: el FMI. En enero Fernández se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y acordaron trabajar en un programa especial para el país.
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