El Estatuto de Protección a migrantes que comenzará a regir en Colombia es la ruta para que los venezolanos accedan al empleo formal.
Hay una palabra que marca el desarrollo del Estatuto de Protección a migrantes: regularización. De los 1,7 millones de venezolanos que viven en el país, el 56 % está en condición irregular.
La falta de documentación es una cadena de inconvenientes, tanto para el ciudadano como para el Estado: el Gobierno no tiene certeza de la identificación de las personas y estas se pierden del acceso a derechos como su integración en el trabajo legal.
Y este último es uno de los pasos más trascendentales que está dando el país con la normativa. El Estatuto regularizará a los más de 966 mil venezolanos que carecen de identificación y permitirá que toda la población extranjera acceda a canales de formalización a largo plazo.
El investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo Jassir, enfatiza que “no es que la migración haya presionado las tasas de desempleo, sino que generó presión hacia la informalidad”.
Cuando un empleador contrata a una persona sin todas las condiciones legales esta no solo deja de aportar al Estado, sino que está faltando a los derechos de ese colaborador que presta servicios sin las retribuciones debidas.
Pero “ahora con la regularización del estatus migratorio podrá acceder a la seguridad social”, afirma Jaramillo Jassir. Ese es el paso para que los trabajadores se inserten en el empleo formal y aporten al Estado, como la norma lo indica.
El fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela se agudizó desde agosto de 2015 cuando el régimen de Nicolás Maduro comenzó a expulsar a personas de ese país.
Ante el aumento de los flujos, Migración Colombia expidió diferentes tipos de documentos de identificación, pero ninguno ha tenido los alcances que plantea el Estatuto.
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El Permiso Especial de Permanencia (PEP) sirve a esta población como un respaldo para que puedan ser contratados, pero ese carné vence cada dos años y debe ser renovado según las nuevas vigencias que otorgue la entidad.
Con la entrada en vigencia del Estatuto, que comenzará en las próximas semanas, empieza a regir un proceso de formalización a diez años para todos los venezolanos que arribaron al territorio nacional, sin diferenciar su estatus migratorio actual.
Colombia tiene una tasa de informalidad laboral del 48,9 %, según el Dane. Esa cifra indica que casi la mitad de las personas que viven en el país, sin importar su nacionalidad, no están laborando en el empleo formal.
De esa proporción, una buena parte son ciudadanos extranjeros que están en condiciones de subempleo, un problema social que podría comenzar a saldarse con la entrada en vigencia de la nueva normativa.
El director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Sergio Arboleda, Juan Fernando Escandón, explica que los venezolanos comenzarán a cotizar dentro del sistema de seguridad social, harán sus aportes a pensión y tendrán una retribución “total” en el acceso a servicios en el país.
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“Esto de ninguna manera quiere decir que les estén quitando trabajo a los colombianos. Son personas que hoy en día ya están laborando y que deben formalizarse”, afirma Escandón.
La premisa la explica Migración Colombia así: el Estatuto otorga la condición migratoria regular y la autorización para desempeñar cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral.
Otra oportunidad que se abre es la cotización a pensión porque quienes han cotizado 52 semanas en los últimos tres años podrán acceder a una pensión de invalidez o de sobreviviente para su cónyuge, explica Juan Fernando, de la firma Escandón Abogados.
En otros términos, Colombia está tendiendo un puente a la regularización de los migrantes venezolanos que abrirá paso a su integración en el país.
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