El tres de marzo de 2020, La Fiscalía General de Colombia dispuso la creación del Grupo de Tareas Especiales, con la misión de unificar 14 grandes líneas investigativas que estaban dispersas en diferentes despachos y tener una visión integral del entramado de corrupción auspiciado por la multinacional brasileña Odebrecht, dijo en un comunicado.
En ese sentido, el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, como orientador del grupo especial, conformó un equipo de 15 fiscales, apoyado por un componente de policía judicial (CTI) y una unidad de analistas.
Inicialmente, los procesos fueron trasladados al Grupo de Tareas Especiales. Esta labor tardó cerca de tres meses por tratarse de expedientes voluminosos y de alta complejidad como el relacionado con el interconector Tunjuelo – Canoas, en el que por cada investigado hay de 20 a 1.066 elementos probatorios y una cantidad variada de testigos.
En medio de las restricciones por la pandemia, dijo la Fiscalía que ha avanzado en tener una visión integral del caso Odebrecht en Colombia.
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Actualmente, son verificadas cada una de las diligencias adelantadas por la Fiscalía en los últimos años, se revisa que estén vinculadas todas las personas que podrían tener relación con los hechos ilícitos, y se analiza si los delitos imputados correspondían a la realidad que refleja el material de prueba o hubo circunstancias que se dejaron de investigar.
Asimismo, señaló que “fueron corregidas actuaciones anteriores con el fin de evitar futuros tropiezos en etapas procesales”.
Por ejemplo, dijo que se solicitó la nulidad de la imputación a Francesco Stopponi, por el contrato suscrito para la Ruta del Sol III; y se impugnó la competencia del juez penal de Montería que tenía a cargo el caso contra Andrés Salazar Ferro.
Simultáneamente, el Grupo de Tareas Especiales participó en los procesos que estaban en etapa de juicio y en audiencias presididas por el juez de conocimiento.
Se ha verificado que se cumpla con la devolución de los dineros apropiados por Federico Gaviria Velásquez, Gustavo Adolfo Torres Forero, Gabriel Alejandro Dumar y Eduardo José Zambrano, tal como quedó consignado en las sentencias condenatorias en su contra.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, las actividades dispuestas por el Grupo de Tareas Especiales permitieron unificar seis frentes investigativos, estos son: Ruta del Sol II y todas sus variables, Proyecto de Navegabilidad Río Magdalena, interconector Tunjuelo – Canoas y otros contratos civiles, Ruta del Sol III, y dos líneas más que se refieren a posibles delitos de la multinacional en Colombia.
Después de esas labores, la Fiscalía colombiana citará a audiencias de imputación a 12 personas que estarían involucradas en tres de los frentes investigativos definidos, estos son:
Interconector Tunjuelo – Canoas:
i) Carlos Alberto Acero Arango
El 30 de diciembre de 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) suscribió con el Consorcio Canoas, del que hacía parte Odebrecht, un contrato por $243.117 millones para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel que canalizaría las aguas residuales desde el río Tunjuelito hasta la planta de tratamiento Canoas, proyecto priorizado en el plan de descontaminación del Río Bogotá.
Por irregularidades detectadas en las fases previas y de ejecución del contrato son procesadas diferentes personas, entre ellas el exalcalde Samuel Moreno Rojas, el constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, subcontratistas e interventores.
En el marco de este proceso, la Fiscalía imputará al ex director operativo de la Red Troncal de Alcantarillados de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro de la Eaab, Carlos Alberto Acero Arango, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Este exfuncionario fue integrante del comité evaluador y, posteriormente, asumió como interventor interno designado por la Eaab. En los dos roles que ejerció, al parecer, incurrió en actuaciones contrarias a la ley.
Ruta del Sol III
i) Luis Fernando Andrade Moreno
Ante las fallas en las que habría incurrido la anterior fiscal que tenía a cargo este caso y en atención a la decisión del juez 36 penal de conocimiento de Bogotá que declaró la nulidad de lo actuado, la Fiscalía General dijo que “subsanó las anomalías advertidas” e imputará al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La diligencia está programada para el próximo primero de marzo.
Las investigaciones, según el organismo local, permitieron conocer que el exfuncionario habría actuado irregularmente con el fin de suscribir el otrosí 02 y el otrosí 05 de 2015, que permitió a Yuma Concesionaria S.A., subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena) en el proyecto Ruta del Sol III.
Por mediar de manera ilegal en estas adiciones, José Roberto Prieto Uribe recibió cerca de $900 millones. Por esto hechos aceptó su responsabilidad y fue condenado.
Contratos ficticios
El Grupo de tareas Especiales encontró también que no se tuvieron en cuenta otros delitos ni fueron vinculadas más personas, que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que José Roberto Prieto Uribe recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma de la adición 05 al contrato Ruta del Sol III.
En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a:
• José Roberto Prieto.
• Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de Consultores Unidos.
• Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland.
• Gilberto Ramírez Varela, de la empresa Buisiness M&E.
• Natalia Isaza Vásquez.
Otros casos relacionados con la empresa brasilera Odebrecht
En una de las líneas de investigación, la Fiscalía encontró méritos para imputar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a:
• Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales S.A.S. por el caso del supuesto ingreso de $4.000 millones de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos
• David Fernando Portilla Colunge, también mencionado en el caso de la campaña Santos Presidente.
• Esteban Moreno Pérez, quien fue mencionado en ese mismo caso.
• Ricardo Rey Pulido, quien aparece en las investigaciones de esa campaña política.
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