Predios que respaldaban los créditos, y donde se adelantaba el proyecto productivo financiado con recursos públicos, fueron despojados ilegalmente a comunidades afrodescendientes del municipio de Riosucio (Chocó).
La Contraloría General de la República, por intermedio de la Dirección de Investigaciones 1, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $4.636 millones, a título de culpa grave, contra la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá -Urapalma- S.A. (en liquidación), por detrimento patrimonial causado al Banco Agrario de Colombia.
Los hechos se remontan a 2001, cuando esta entidad bancaria le otorgó a Urapalma dos créditos respaldados por garantías hipotecarias que no se pudieron hacer efectivas en su momento, por resultar sobre predios cuyos supuestos dueños, socios de dicha empresa, perdieron la titularidad por incurrir en múltiples irregularidades administrativas y penales.
Esos socios de Urupalma, que eran a su vez integrantes de su junta directiva, fueron condenados por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de tierras, probándoseles -así mismo- nexos con grupos paramilitares.
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De acuerdo con varias sentencias judiciales, los predios que respaldaban los créditos otorgados por el Banco Agrario fueron despojados ilegalmente a comunidades nativas del municipio de Riosucio (Chocó), de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, desplazadas primero por grupos paramilitares.
Los créditos solicitados por Urapalma tenían por objeto la siembra y sostenimiento de 750 hectáreas de palma de aceite en predios de la vereda Caño Claro. Para acceder a dichos recursos, obtenidos mediante una línea especial de crédito de fomento, Urapalma presentó como socio estratégico a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá.
Los créditos del Banco Agrario fueron respaldados, además de hipotecas abiertas de primer grado sobre varios predios, con la constitución de garantías FAG (Fondo Agropecuario de Garantías), que amparaban el 80% de los préstamos.
El auto proferido por la Contraloría General resolvió un recurso de apelación y confirmó en todas sus partes el Fallo con Responsabilidad Fiscal de primera instancia del 25 de junio de 2020.
Consideró que existía claridad fáctica y probatoria suficiente de que, debido al accionar irregular de los miembros de la Junta Directiva, socios y representantes legales de Urapalma, sumado a la falta de controles y verificaciones respecto de las garantías ofrecidas como respaldo de su crédito al Banco Agrario, las mismas se perdieron causando así un daño al patrimonio público.
Expuso que la firma Urapalma contribuyó directamente en la causación del daño fiscal, puesto que las garantías que tal empresa constituyó en favor del Banco Agrario de Colombia, para amparar los créditos otorgados, no se pudieron hacer efectivas.
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