La legislatura del Congreso de la República que acaba de terminar tuvo varios temas de importancia nacional como el cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional y la reforma electoral.
Pero hubo un tema al que no se le dio la suficiente atención y que afecta (o beneficia) a muchos ciudadanos que trabajan o reciben el servicio de transporte.
Pues, se trata de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que logró un acuerdo histórico para solucionar definitivamente la legalidad de la economía colaborativa y redactó una ponencia unificada que defiende la creación de la categoría del servicio de movilidad en vehículo particular, intermediado por plataformas tecnológicas.
Los taxis podrían perder el monopolio tradicional del transporte urbano en Colombia, de aprobarse el nuevo proyecto de Ley unificado.
Esto quiere decir que, dado el amplio consenso obtenido tras acumular los seis proyectos sobre esta materia, que habían sido radicados al comienzo de la presente legislatura, es muy probable que Colombia finalmente contará con un marco regulatorio que permita la operación de Uber, Didi, Cabify, Beat y demás plataformas de transporte mediante apps de celular.
El nuevo proyecto de Ley está listo para primer debate, en donde enfrentará todavía escollos.
Hay que recordar que congresistas como Jorge Robledo (del movimiento político Dignidad), y un sector del Centro Democrático, orientado por el expresidente Álvaro Uribe, proponían inicialmente la desaparición absoluta de las plataformas de economía colaborativa y respaldaban las aspiraciones de los empresarios del transporte tradicional.
No más cupos de taxis
La ponencia propone además desmontar el tan cuestionado sistema de cupos para taxis, que ha sido fuente de “monopolio, corrupción e ineficiencia” en la prestación del servicio, según plantea el documento.
De aprobarse la nueva Ley, serán eliminadas las licencias de operación, y cualquier persona podrá poner un taxi en circulación sin pagar 120 millones de pesos por un cupo.
El proyecto de Ley prevé una compensación económica para los actuales propietarios de cupos. El sistema de cupos es un negocio privado, del que no se beneficia el Estado y su origen es la limitación del número de permisos de operación que cada municipio puede expedir. Quienes poseen uno o varios de estos permisos los revenden en un mercado informal de cupos, en donde estos permisos son negociados por valores que fluctúan entre los 90 millones y los 120 millones de pesos.
Registrarse y pagar impuestos
Habría normas para la operación de las plataformas en esa nueva ley. Deberán contratar pólizas de seguros, registrase en el Registro Único Nacional de Transporte (Runt) y pagar impuestos. Ningún conductor particular podrá trabajar más de ocho horas ininterrumpidas y los vehículos particulares no podrán tener más de diez años de antigüedad.
Lo más interesante es la línea argumental que sustenta el proyecto de Ley unificado. Según los congresistas, en Colombia rige el sistema de libre mercado, y la libre competencia económica es un derecho de todos. “Una de las razones por la cuales crece el sector informal de la economía y se multiplica la corrupción administrativa, consiste en la obligación de adquirir permisos previos para adelantar actividades como la apertura de un negocio, la formación de una sociedad”, dice el texto de la ponencia.
El siguiente párrafo explica las razones que los congresistas exponen: “La experiencia en muchos países ha demostrado que en sistemas de libre competencia se alcanza mayor producción de bienes y servicios, más empleo y mejor remunerado, que en sistemas de economía dirigida. Sin embargo, para que el país se beneficie de la libre competencia no es suficiente que las autoridades se abstengan de regular la vida de los negocios; es indispensable que eviten la formación de monopolios y la realización de prácticas tendientes a impedir la competencia libre.”
Los ponentes defienden la existencia de la economía colaborativa, indicando que “el surgimiento de la economía colaborativa no se explica únicamente por la aparición de la tecnología, obedece también a una necesidad de la sociedad de hacer un mejor uso de los recursos existentes por medio de una adecuada redistribución de estos”. Y cita el estudio de Fedesarrollo sobre la economía colaborativa en Colombia y otros estudios de expertos internacionales en la materia.
La Comisión Sexta también señala fallas de mercado en el actual sistema de taxis, como demanda no atendida o demanda atendida pero insatisfecha y observan que la frecuencia en las quejas de los usuarios de taxis, los problemas de seguridad y el abuso en el cobro de las tarifas “ponen en tela de juicio el cumplimiento de los principios regulatorios referidos”.
Señalan problemas de ineficiencia del servicio de taxis, debido al monopolio. No se consiguen taxis en horas pico; los taxistas no van a donde los pasajeros quieren ir; los pasajeros desconocen la identidad del conductor; y se presentan frecuentes adulteraciones de los taxímetros.
Los representantes ponentes Emeterio Montes, Oswaldo Arcos, Aquileo Medina, Milton Hugo Angulo y Ciro Rodríguez, redactaron una ponencia que unifica el proyecto de Ley No. 003 de 2020 -Cámara- acumulado con los proyectos No. 174 de 2020 -Cámara-, 185 de 2020 -Cámara-, 199 de 2020 -Cámara-, 242 de 2020 -Cámara- y 446 de 2020 -Cámara-.
Tras cinco mesas de trabajo públicas, realizadas en línea entre octubre y noviembre, y en las que fueron escuchadas todas las voces, los ponentes consideran que hay suficiente ilustración para llevar a primer debate un marco normativo que actualice al país en materia regulatoria.
Falta conocer la opinión del Gobierno de Colombia, a través de ministerios como los de Transporte y las TIC, para ver si el proyecto tendrá apoyo de la bancada gobiernista en el Congreso.
(Con información de Tecnívoro.com)
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