La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandará a Google el martes en lo que es el caso antimonopolio más grande contra una empresa de tecnología en más de dos décadas.
En su denuncia, se espera que el Departamento de Justicia haga acusaciones radicales de que Google ha sofocado la competencia para mantener su poderosa posición en el mercado de búsquedas en línea, según dos personas familiarizadas con el asunto.
También se unirán a la queja del gobierno de EE. UU. 11 estados, incluidos Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Carolina del Sur y Texas, según los registros judiciales públicos.
Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La histórica denuncia federal sigue a una investigación antimonopolio de un año por parte de investigadores del Departamento de Justicia. Y surge inmediatamente después de un importante informe del Congreso que concluye que Google y otros gigantes tecnológicos disfrutan de un «poder de monopolio» y han ejercido su dominio de manera anticompetitiva.
Ese informe alega que Amazon ha maltratado a terceros vendedores; que las tarifas y políticas de la tienda de aplicaciones de Apple son anticompetitivas; y que Facebook ha buscado eliminar a futuros rivales mediante adquisiciones específicas.
La demanda esperada del Departamento de Justicia contra Google marca el paso más trascendente que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para hacer que Silicon Valley rinda cuentas después de que Washington dio un giro dramático contra la industria de la tecnología luego de la evidencia de que las principales plataformas de redes sociales fueron manipuladas por esfuerzos de intromisión en las elecciones extranjeras en 2016.
Desde entonces, los altos ejecutivos de las principales plataformas tecnológicas han sido llevados repetidamente ante el Congreso para enfrentar preguntas sobre sus responsabilidades hacia el discurso político; contenido de odio e información errónea; pequeñas empresas y periodismo local; y competencia.
El caso que se avecina podría representar un riesgo sin precedentes para el negocio publicitario más amplio de Google, que generó US$134.800 millones en ingresos el año pasado, lo que representa el 84 % del negocio total de Google.
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Incluso cuando el Departamento de Justicia se prepara para llevar a Google a los tribunales por preocupaciones antimonopolio, otros en la industria tecnológica podrían enfrentar demandas de magnitud similar. Los funcionarios de la Comisión Federal de Comercio han estado investigando a Facebook durante más de un año, y esa investigación podría culminar en su propio litigio histórico.
La demanda pendiente de Google también simboliza las crecientes críticas, particularmente de los ex candidatos presidenciales demócratas, incluidos los senadores Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, contra los niveles históricos de desigualdad económica y concentración empresarial en Estados Unidos.
«El caso de monopolización de la industria tecnológica más importante antes de éste fue Estados Unidos contra Microsoft en 1998», dijo a CNN Business William Kovacic, ex presidente de la Comisión Federal de Comercio, antes de que se anunciara la demanda. Durante ese caso, el gobierno de los Estados Unidos alegó que Microsoft violó la ley al incluir su navegador, Internet Explorer, con cada copia de Windows, en detrimento de la competencia entre los fabricantes de navegadores. Después de varios años de litigio, Microsoft y el gobierno llegaron a un acuerdo que impuso nuevos límites al negocio de software de Microsoft.
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Desde entonces, los expertos han acreditado ese caso por allanar el camino para nuevas innovaciones, incluido el surgimiento de Google.
Kovacic dijo que, como antes, el gobierno enfrenta años de litigios por delante y un camino desafiante hacia la victoria. «Nada de esto será fácil», dijo. «Puedes subir a la cima, pero es una escalada difícil».
Según los informes, el fiscal general William Barr se ha interesado personalmente en la investigación y la demanda resultante, informó el New York Times.
Después de que el jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, Makan Delrahim, se recusó de haber representado anteriormente a Google en la práctica privada, Barr asignó personal superior en su propia oficina para supervisar la investigación. Según los informes, ha presionado para que se establezca un cronograma agresivo para presentar una demanda; Ya en marzo de este año, Barr le dijo al Wall Street Journal que esperaba llevar la investigación «a buen término [a] principios del verano».
Sobre el caso también estará el presidente Donald Trump, quien ha expresado sus críticas a las plataformas tecnológicas.
Trump ha criticado repetidamente a Facebook, Google y Twitter por censurar supuestamente sistemáticamente las opiniones conservadoras, una afirmación que las empresas niegan y para la que los expertos no han encontrado pruebas. El año pasado, Trump le dijo a Fox Business que «deberíamos demandar a Google y Facebook y todo eso, que quizás lo hagamos, ¿de acuerdo?»
Los comentarios de Trump podrían complicar cualquier demanda contra las empresas de tecnología. Por naturaleza y costumbre de larga data, se espera que los presidentes se mantengan alejados de abordar las investigaciones del gobierno y posibles demandas, a fin de evitar incluso la percepción de un litigio por motivos políticos.
Los críticos de Google se han quejado de que su negocio de búsqueda promueve las propias aplicaciones y servicios de Google entre los usuarios y degrada a los de sus rivales.
«La búsqueda de Google no es una puerta de entrada neutral a la información disponible en la web», dijo a CNN Business David Dinielli, asesor principal de Omidyar Network y ex funcionario antimonopolio del DOJ antes de que se anunciara la demanda. «La búsqueda de Google es un conjunto de algoritmos diseñados para hacer que Google, o Alphabet, su empresa matriz, obtenga la mayor cantidad de dinero posible».
Google también ha enfrentado un escrutinio antimonopolio y numerosas multas multimillonarias de los reguladores europeos, castigos contra los que ha protestado la empresa.
(Con información de CNN)
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