A través de un documento firmado por el viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, el Gobierno de Colombia sentó su posición frente al proyecto que nació en la Cámara de Representantes y que abre la puerta a un cambio transitorio de régimen pensional.
De acuerdo con el Gobierno, entre otras razones, habría un golpe importante en los aportes pensionales que hacen parte de la Cuenta de Ahorro Individual (CAI).
Dice Zárate que cualquier préstamo que se efectúe con cargo a los recursos de la CAI, “debe asegurar que durante el plazo se paguen los intereses que se reconocen sobre la cuenta; el no pago del préstamo con los intereses que se generan, tendría un detrimento significativo en la tasa de reemplazo al momento de la pensión”.
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Sumado a esto, Zárate ya había mencionado el golpe fiscal que la iniciativa podría suponer para las arcas del Gobierno. Para el ejecutivo es un plan inconveniente por los recursos que debería destinar el Estado para atender a la masa de personas con posibilidad de hacer el traslado.
Hay que recordar que el proyecto permitiría que los hombres mayores a 52 años y mujeres mayores a 47 (con al menos 750 semanas cotizadas) puedan moverse a Colpensiones desde el sistema de ahorro individual.
Esa iniciativa, según cálculos del viceministro Técnico, le pesaría al país una cuenta cercana a los $33 billones.
Aclara el documento que el impacto fiscal está altamente concentrado en los rangos salariales más altos, como resultado de los mayores subsidios que estos grupos reciben y de la mayor probabilidad de pensionarse que presentan en este escenario. “En particular, el impacto fiscal en el grupo de menores ingresos, el que va de uno a dos salarios mínimos, es de $0,8 billones”.
Estima el Gobierno que “desde Colpensiones hacia las AFP se trasladarían 14.1000 personas que se concentrarían en el nivel de aportes de un salario mínimo, por lo cual se presenta un costo fiscal por efecto de la expedición de nuevos bonos pensionales por valor cercano a $2 billones”.
Con base en los anterior, el Gobierno pide que se archive el proyecto porque es inconstitucional al vulnerar el principio de seguridad sociales y su carácter parafiscal.
Además, “causa un perjuicio a mediano y largo plazo para los afiliados que recurran al préstamo de sus ahorros, siendo más beneficioso acudir a otras opciones de crédito por parte de entidades financieras o al retiro de las cesantías”.
Finalmente, Asofondos, gremio que reúne a las firmas del sistema privado, había dicho que con el dinero que representaría la aprobación de este proyecto se podría sacar de la pobreza a 2,5 millones de adultos mayores en el país.
Además, según Asofondos, de los 517.000 contribuyentes que podrían hacer el traslado exprés, solamente a 113.161 les convendría el cambio.
Hasta el momento, la Comisión Séptima de Senado debatirá y votará el proyecto de ley mañana antes del mediodía.
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