El Tribunal Supremo de España concluyó, en una sentencia, que efectivamente existe una relación laboral entre la empresa ‘Glovo’ y sus repartidores (riders) y que, por lo tanto, la empresa no es solo una intermediaria entre el comercio y repartidores.
Según 20 Minutos España, esta sentencia es clave en la batalla de los domiciliarios en pro de mejoras en sus condiciones de trabajo, pues establece que los trabajadores de este tipo de plataformas de reparto a domicilio -contratados como supuestos autónomos-, son en verdad ‘falsos autónomos’, por lo que deberían contar con un contrato y un salario mínimo.
Un falso autónomo es un fraude de ley en la contratación que algunas empresas llevan a cabo ‘obligando’ a un empleado a convertirse en autónomo para ahorrar costes de seguridad social y/o posibles indemnizaciones, lo que empeora considerablemente las condiciones de los trabajadores, que siguen manteniendo la misma relación con la empresa empleadora.
Varios sindicatos llevan tiempo reclamando el reconocimiento de los derechos de los riders, para acabar con la ‘explotación’ que sufren. El Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), en concreto, ha pedido al gobierno español que haga cumplir la legislación existente y ha anunciado la intención de plantear una inminente propuesta de legislación sobre los trabajadores de estas plataformas digitales de reparto.
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Hay que decir que esta nueva sentencia del Supremo, tras la reclamación de un repartidor de Madrid, supone un paso más en la lucha de los trabajadores y sindicatos por la mejora de las condiciones. Aunque todavía les queda un largo camino por recorrer.
«Son los nuevos esclavistas», ha denunciado el secretario de Política Sindical de la UGT, Gonzalo Pino, tras presentar en una rueda de prensa un informe sobre la explotación que sufren los empleados de este tipo de trabajos.
Según el documento, piden al gobierno que deje de hacer oídos sordos con la precariedad de estos empleos y exigen que tome medidas en el asunto para terminar con la precariedad en ciertos trabajos vistos como precarizados, estableciendo así una estrategia empresarial destinada aumentar su efectividad.
De acuerdo con 20 Minutros España, una de las propuestas del sindicato es el reconocimiento de la relación laboral de los repartidores «porque lo establecen numerosas sentencias y porque acabaría con el abuso laboral y la mercantilización del trabajo». En esta línea, creen que para resolver este «grave problema» se debe abordar:
-«La opacidad de las cajas negras»: piden transparencia para conocer los algoritmos que condicionan la forma de trabajo.
-Revisar el concepto de centro de trabajo ante la «deslocalización virtual» de las plataformas digitales, aplicando así el convenio provincial del lugar donde trabaja el repartidor.
-Aplicar la Directiva Europea para introducir las recomendaciones de la Unión Europea (UE).
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-Revisar el Código Penal y la normativa de extranjería para incorporar, entre otros, los delitos de trabajo forzoso y servidumbre. Y exigir una mayor implicación a la Fiscalía.
-Avanzar en la negociación colectiva en pro de los derechos y la protección de los trabajadores.
En definitiva, la petición de sindicatos y riders es estructurar un nuevo contrato social que recoja y se atenga a las condiciones pertinentes para estos nuevos modelos de trabajo digitales.
(Con información de 20 Minutos España)
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