El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) número 4000 recomienda, entre otras, adoptar la implementación de los lineamientos correspondientes para promover los proyectos aeroportuarios en Colombia bajo el esquema de alianzas público-privadas.
Se lee en el documento que uno de los objetivos de la iniciativa es optimizar y proteger el uso de recursos públicos, toda vez que estos planes de infraestructura demandan la inyección significativa de dinero y tienen “riesgos asociados”.
Con lo anterior, el documento dicta que, en los proyectos de iniciativa privada es necesario promover que el concesionario asuma una mayor “cantidad de riesgos del proyecto o una mayor proporción de los riesgos propuestos de forma compartida”, dice el Conpes.
Sobre los esquemas de financiación se recomienda evaluar mecanismos como la titularización, valor residual, entre otros con la idea de optimizar los recursos destinados al proyecto.
Este Conpes toma relevancia toda vez que, como ya lo ha hecho saber el Gobierno colombiano, el país entra en una nueva etapa de proyectos de infraestructura (5G), en donde, entre otros, se contemplan tres iniciativas aeroportuarias.
Vale recordar que el total de esas iniciativas de 5G representan $43,8 billones, de los cuales $4,57 billones se destinarán al nuevo aeropuerto de Cartagena ($2,92 billones); aeropuertos de Suroccidente ($1,18 billones) y el mejoramiento del actual aeropuerto de Cartagena ($470.000 millones).
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Gracias a este Conpes, se justifica en el mismo documento, habrá una reducción sustancial del riesgo que implica liderar planes de infraestructura en Colombia dado los altos componentes de inversión fija y operación que demandan.
“Se requiere un balance adecuado entre riesgo y retorno para el inversionista, de tal forma que este tipo de proyectos sean fácilmente financiables, promuevan la competencia del sector privado, generen los incentivos adecuadamente, se ejecuten de manera efectiva y se cumplan los cronogramas”, dice el informe.
Finalmente, recomienda el Conpes que, para las iniciativas privadas, se abogue por el uso de mecanismos alternativos para la compensación de riesgos “a cargo del público que no desvirtúen el propósito social, económico y el alcance inicial del proyecto”.
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