La calificadora Moody’s Investors Service dio su visión hoy sobre la abrupta renuncia de los miembros de la Junta Directiva de EPM y lo que podría pasar respecto a la solicitud prejudicial de conciliación por $9,9 billones con las empresas relacionadas con el diseño, construcción, interventoría y seguros de Hidroituango, la cual es perjudicial bajo su perspectiva.
Moody’s conserva la calificación de EPM en Baa3, con perspectiva negativa.
Esto pues la renuncia de la Junta resalta las debilidades dentro de la estructura de gobierno corporativo de EPM. Además, dice que la solicitud prevé indemnizaciones por maquinaria dañada, costos financieros adicionales, lucro cesante y gastos relacionados con la indemnización de las aproximadamente 4.000 personas afectadas por la obra y que, si no se llega a un acuerdo dentro de tres meses, probablemente se iniciará un período de disputas y demandas legales más fuertes.
“El momento para presentar la solicitud sigue la interpretación de EPM de que las reclamaciones por daños deben presentarse dentro de una ventana de dos años a partir del evento ocurrido. Reconocemos la obligación legal de la alta dirección de la empresa de perseguir cualquier compensación potencial a la que pueda tener derecho, pero creemos que existen riesgos de mayores retrasos y sobrecostos en Ituango, dependiendo de cómo responda el consorcio de construcción”, advirtió Moody’s.
Así mismo ve que un posible reemplazo de contratistas en la construcción alargaría el período de ejecución de Hidroituango y probablemente aumentarían más los costos, lo que “sería perjudicial para la trayectoria de apalancamiento de EPM exponiendo aún más el balance de riesgos de la empresa. Incluso, si tiene éxito, el proceso iniciado por EPM se prolongará y probablemente no traerá ningún beneficio a la empresa dentro del horizonte previsto para que la presa entre en funcionamiento en 2022”.
La visión crediticia de Moody’s tiene en cuenta lo que representa el aumento del 34% sobre el presupuesto inicial en Hidroituango, por lo cual la obra ya cuesta $16,2 billones.
“Los retrasos y los sobrecostos han llevado a la empresa a tener un flujo de caja libre negativo durante varios años y han alargado la trayectoria de desapalancamiento de la empresa”, agregó la calificadora.
En cuanto a la renuncia de la Junta Directiva de EPM, expresó que “la dimisión del directorio expone una frágil estructura de gobierno corporativo, bajo el 99,9% de control del Municipio de Medellín y la mayor exposición de la empresa a riesgos políticos. De hecho, el alcalde tiene amplio poder para nominar a los ocho miembros restantes de la Junta sin mayores restricciones. La estructura débil de la Junta ha sido la misma durante varios años, pero en la práctica, y de conformidad con un Acuerdo General de Gobierno Corporativo vigente desde 2007, históricamente la municipalidad ha ejercido su poder de propiedad únicamente a través de la Junta Directiva. Estos eventos también pueden plantear desafíos para que EPM forme una nueva Junta de alta calidad y credibilidad”.
No obstante, también aclara que por la solicitud de la demanda de Hidroituango “no ha habido una infracción directa de los estatutos de la empresa o de la estructura formal de gobierno corporativo. El gerente es responsable de representar a la empresa judicial y extrajudicialmente, y la decisión de perseguir daños y perjuicios contra el consorcio de contratistas no correspondía a la Junta Directiva”.
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