En pleno proceso de cierre de sus operaciones en el país, con disputas abiertas por el pago de las indemnizaciones a sus 1.715 empleados y por el rechazo del gobierno argentino a abrir un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para enmarcar su retirada, Latam Airlines Argentina sumó en las últimas horas un nuevo frente de conflicto.
El Juzgado Laboral N° 33 embargó a la aerolínea por 40 millones de pesos argentinos hasta tanto cumpla con el pago de aportes sindicales atrasados.
«Latam Airlines Argentina confirma el embargo de una de sus cuentas», señalaron esta tarde oficialmente en la empresa, aunque señalaron que la compañía fue notificada por la entidad bancaria donde está radicada la cuenta, pero todavía no por la Justicia. «Dicha medida no inmoviliza las cuentas de Latam», aclararon, sin dar mayores precisiones sobre el conflicto de fondo.
De acuerdo con el diario La Nación, la causa se inició con una denuncia radicada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), que conduce Pablo Biró, en la que señaló que la empresa adeuda parte de los aportes sindicales establecido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo.
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«Por decisión del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 33, previa constatación del incumplimiento de la empresa y del peligro en la demora que puede derivarse de la comunicación de irse del país, se ordenó un embargo por más de 40 millones de pesos colombianos que quedó trabado sobre sus cuentas bancarias», confirmaron en Apla.
«Así como previamente el Ministerio de Trabajo intimó el pago de los salarios adeudados, y luego rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ilegalmente presentado, ahora es la Justicia la que le señala a LAN que debe cumplir con sus obligaciones», agregaron.
De acuerdo con La Nación, Latam Airlines Argentina anunció el 17 de junio pasado que dejaría de operar en el país «ante la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual», es decir, la crisis generada en el sector por la pandemia de Covid-19.
De hecho, la empresa argumentó que, antes de tomar la drástica decisión, había solicitado «con carácter de urgencia» la intervención del Ministerio de Trabajo para la conformación de mesas de negociación con todos los gremios, con el objetivo de avanzar con una propuesta de reducción temporal del salario para todos sus colaboradores. «A pesar de que luego de siete audiencias en el ámbito de la cartera laboral no se pudo lograr un acuerdo, el 50 % de los colaboradores de la compañía procedió a la firma de un acuerdo individual de reducción voluntaria de salario», añadieron.
Según La Nación, actualmente la empresa está en pleno conflicto con los gremios por el proceso de indemnización de sus 1.715 empleados. Mientras que los gremios exigen que se restituyan los puestos de trabajo o, en su defecto, se pague una doble indemnización, la empresa apunta a avanzar con un plan de retiros voluntarios -que ya aceptó gran parte de su plantilla- y a que se abra un procedimiento preventivo de crisis que considere la situación de fuerza mayor en la que se tomó la decisión, lo que le permitiría pagar el 50 % de la compensación que corresponde en condiciones habituales.
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Ese último pedido fue rechazado por el Ministerio de Trabajo, que con el argumento de la vigencia de los decretos 329/20 y su prórroga en el 487/20, que prohíben los despidos, consideró que las desvinculaciones previstas por la empresa «tienen efecto legal nulo».
(Con información de La Nación)
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