Luego que la Corte Constitucional señalara que el decreto legislativo 580 de 2020, el cual dicta medidas y daba vía a subsidios en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del estado de emergencia en Colombia por Covid-19, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón se refirió al respecto y reconoció los errores que dieron como resultado el fallo ante los requisitos de forma exigidos por ley, no efectuados correctamente.
Esto pues en el decreto que se expidió en abril faltaron las firmas de los ministros de Salud, Fernando Ruiz, así como de la ministra de Ciencia y Tecnología, Mábel Torres.
Con ello se perderán algunos beneficios que permitían los subsidios en estratos del uno al tres por medio del Sistema General de Participaciones, además de habilitar a los entes territoriales a subsidiar los servicios públicos con otro tipo de recursos, entre otros. Esto a pesar que la situación no tiene efectos retroactivos, según Malagón.
No obstante, Valora Analitik conoció que la medida sí tiene efectos retroactivos por lo que está pendiente de ver posibles consecuencias ante el fallo de la Corte.
El ministro de Vivienda expresó hoy también que con la caída del decreto no se permite que nuevos alcaldes en Colombia, desde ahora al 31 de diciembre, puedan acceder o solicitar ayudas para subsidios en servicios públicos.
En tanto, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal) Maryluz Mejía, va en línea de lo expresado por Malagón y dijo que, afortunadamente, la decisión tomada no es retroactiva pues hasta la fecha estas medidas de alivio han beneficiado a más de 11 millones de personas en todo el país.
Según la presidente de Acodal, desde la vigencia de los decretos de alivio para estos casos, ya causaron los beneficios esperados durante los meses de abril a junio, e incluso, ya en julio también se han causado y hasta tanto no se produzca formalmente la notificación seguirán vigentes.
También se pronunció Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), se refirió sobre ello y dijo que “pierden los usuarios, la gente común y corriente que en este instante se sentía atendida por las alcaldías y el Gobierno”.
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