La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió declarar impróspera la solicitud de Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, contra la medida de aseguramiento que se le impuso de detención preventiva por el concurso de delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión de la Corte consideró que la defensa de Gaviria Correa no logró demostrar la violación de alguna garantía, ni tampoco evidenció la configuración de algún error en la valoración de las pruebas realizadas por el fiscal primero delegado ante la Corte.
Cabe recordar que el cinco de junio de 2020, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió imponer medida privativa de la libertad contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, bajo la medida de detención domiciliaria.
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“En ese sentido, el jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia”, puntualizó la Fiscalía.
Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Gaviria, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663 millones, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista.
Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia. Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros, mencionó la Fiscalía sobre la decisión.
Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos. La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública, dijo la Fiscalía.
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Una, representó cerca de $4.000 millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
Este último asunto, que comprometió más de $16.000 millones, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.
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