De acuerdo con un reporte del diario El Espectador, pese a que un testimonio de oídas de un directivo de Odebrecht en Brasil terminó en compulsa de copias en contra del presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, la Fiscalía aclaró a su defensa que ninguno de los altos directivos de la multinacional en ese país ha hablado en su contra.
En el juicio contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, que terminó en su condena a 11 años de prisión en 2019, uno de los testigos de la Fiscalía fue el expresidente de Odebrecht en Latinoamérica Luiz Bueno Junior.
El brasileño contó que Melo estuvo de acuerdo con el pago de un soborno para asegurar el contrato de la Ruta del Sol 2, pero “que tenía dificultad en el Grupo Aval” y debía consultarlo con su jefe. Esa declaración dio paso a una compulsa de copias contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hoy presidente del grupo económico. En recientes declaraciones del brasileño y de otros exdirectivos de la misma nacionalidad, Sarmiento no fue señalado.
Así lo consignó la Fiscalía en respuesta a un derecho de petición formulado por la defensa de Sarmiento Gutiérrez. El ente investigador contestó que los fiscales del caso fueron hasta Brasil y preguntaron a tres peces gordos y altos directivos de Odebrecht: Luiz Mameri, Luiz Bueno Junior y Luiz Da Rocha, si sus socios colombianos, Sarmiento Gutiérrez, o su padre, Luis Carlos Sarmiento Angulo, habían participado en el entramado de corrupción.
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La Fiscalía aclaró que los tres manifestaron “que no tenían información que los comprometiera”. La misma versión la ratificaron en interrogatorios adelantados por el fiscal Juan Delgado, realizados el 21 y 22 de enero de 2019.
El fiscal que respondió a la defensa de Sarmiento fue Daniel Hernández Martínez, quien recordó la razón por la cual él y otros dos fiscales viajaron a Brasil.
El funcionario explicó que todo comenzó en noviembre de 2018 tras un debate de control político en el Congreso para discutir si la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez había investigado o no la responsabilidad de las directivas del Grupo Aval.
La discusión coincidió con la publicación de varios artículos de prensa en los que se denunció el presunto conocimiento de Martínez del entramado ilegal de los sobornos y su eventual conflicto de intereses, pues durante varios años fue asesor jurídico del grupo.
El exfiscal Martínez defendió su trabajo y el de su equipo de fiscales. No obstante, dos días después del debate, la Corte Suprema de Justicia lo separó de tres casos de la investigación y nombró a un fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa.
La Fiscalía continuó sus pesquisas, pues “necesitaba tener certeza de que no existiera vacío alguno en la indagación”. Tiempo después, en diciembre de 2018, el fiscal Juan Delgado, coordinador de la investigación de Odebrecht, manifestó a la vicefiscal María Paulina Riveros que “nunca se mencionó algún tipo de actuación con relevancia penal, relacionada con representantes del Grupo Aval, salvo el nombre del señor José Elías Melo”.
Para salir de dudas, la Fiscalía viajó a Brasil. “Recuerdo, incluso, que dijeron (los tres brasileños) que el presidente de Corficolombiana (José Elías Melo) había pedido que no se tocaran estos temas con Alberto Mariño (representante del Grupo Aval en el negocio con Odebrecht), porque él le contaría directamente al viejo Sarmiento y tendrían problemas”, destacó Hernández en su respuesta al derecho de petición.
El funcionario hizo referencia además a los cuestionamientos de la exfiscal Amparo Cerón al manejo que él le dio al expediente. “Es necesario aclarar que es absolutamente inexacto que se me pueda atribuir irregularidad alguna”, señaló Hernández.
El Grupo Aval ha rechazado cualquier relación con las actividades ilegales de su socio en la construcción de la obra de Ruta del Sol 2. Sobre el primer soborno, de US$6,5 millones, que la firma Odebrecht pagó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, reiteró que nunca supo de ese pago ilegal.
De las coimas a excongresistas para conseguir mejoras y adiciones en el contrato, los directivos del conglomerado económico han insistido en que, a pesar de tener indicios de que algo andaba mal en la concesionaria, nunca tuvieron pruebas ni para denunciar ni tampoco para detener su sociedad con Odebrecht.
Las alertas de que algo andaba mal las hizo el controller de la concesionaria Jorge Enrique Pizano, aunque no tuvo claro si se trataba de sobornos. A comienzos de 2016, a raíz de las advertencias que Pizano hizo al abogado Néstor Humberto Martínez que asesoraba al Grupo Aval, la firma Odebrecht tuvo que explicar a sus socios facturas que no coincidían con trabajos realizados ni materiales comprados.
La respuesta fue que nada estaba mal, que no había corrupción, que podían seguir trabajando en dupla y, para responder por los dineros perdidos, firmaron un contrato de transacción por $33.000 millones y se acordó un pacto de confidencialidad.
Se superaron las diferencias, pero simultáneamente el máximo directivo de la multinacional brasileña, Marcelo Odebrecht, fue condenado en Brasil. Nueve meses después el Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó en evidencia que, a punta de sobornos, Odebrecht se quedó con importantes contratos de infraestructura en Latinoamérica. Desde entonces, en Colombia, entre escándalos, impedimentos y renuncias, las investigaciones han probado diversos delitos. Y como en el contrato de la Ruta del Sol 2, el principal socio de Odebrecht fue la firma Episol, filial de la banca de inversión Corficolombiana, del Grupo Aval, las pesquisas llegaron al conglomerado económico.
En abril de 2019, el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo fue condenado por los delitos de cohecho e interés indebido en celebración de contratos y se compulsaron copias para que 13 personas más fueran investigadas, entre ellas el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.
En la actualidad, por orden del fiscal Francisco Barbosa, todos los capítulos del caso Odebrecht están a cargo del fiscal delegado ante la Corte Suprema Gabriel Jaimes Durán. Se desconoce el rumbo de las pesquisas, pero en el caso de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez ya los altos directivos de Odebrecht en Brasil dijeron que no tienen información para señalarlo.
Análisis de Credicorp Capital
La noticia es positiva para el Grupo Aval, dijo la comisionista en un reporte, y es consistente con la información que se ha proporcionado desde el día uno en medio de las investigaciones relacionadas con el escándalo de Odebrecht en Colombia.
Recordó que su recomendación para las acciones del holding en la Bolsa de Valores de Colombia es de “compra” y que su precio objetivo es de $980 por acción.
“Esta es una noticia positiva para Grupo Aval dado todo el ruido creado por el escándalo de Odebrecht; no se proporcionó más información nueva y seguimos monitoreando la evolución del proceso legal”.
Recordó que no ha habido ninguna información nueva con respecto a la solicitud de información por parte del Departamento de Justicia en los EE. UU., mientras espera el resultado final relacionado con la apelación presentada el 19 de febrero contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
(Con información de El Espectador y Credicorp Capital)
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