Un grupo de economistas asesores del Ministerio de Hacienda de Chile presentó al Congreso un plan para crear un fondo de US$12.000 millones que se utilizará en 24 meses para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus y ayudar en la recuperación.
El grupo que diseñó el plan incluye ex ministros de Hacienda, miembros de la junta del Banco Central de Chile y jefes de la oficina de presupuesto.
Los expertos llevaron su propuesta a una junta especial que incluye a funcionarios del Ministerio de Hacienda y parlamentarios en los comités de finanzas del Congreso, que están negociando los detalles para un nuevo plan de mitigación del coronavirus.
Esta nueva propuesta es similar, pero sube la apuesta frente al paquete de US$10.000 millones diseñado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
La aplicación de las políticas propuestas se dividiría en fases, con algunas destinadas a implementarse ahora, algunas destinadas a ayudar en la transición a una nueva normalidad y otras durante un período posterior a la pandemia.
El grupo propuso fortalecer el programa de Ingresos familiares de emergencia aumentando los pagos, extender la vida del programa al menos hasta agosto y expandir la lista de beneficiarios potenciales.
Los cambios propuestos elevarían el costo del programa, desde unos US$727 millones hasta cerca de US$1.800 millones.
Otra gran propuesta que se implementará rápidamente es aumentar la cobertura salarial para los trabajadores suspendidos con el Programa de Protección Laboral.
El programa se extenderá para durar incluso mientras el país se encuentre en una fase de recuperación de la pandemia. Otras políticas para ayudar a las empresas este año se centran en medidas para mejorar su capacidad de obtener liquidez.
El grupo propone expandir la lista de compañías elegibles para garantías estatales sobre préstamos, crear un nuevo programa de préstamos convertibles para proporcionar financiamiento a las grandes empresas y aumentar los retrasos en el pago anticipado de los impuestos sobre la renta.
En el futuro, el grupo propuso que el estado ayude a las empresas a obtener el financiamiento que puedan necesitar para adaptarse a los nuevos protocolos sanitarios, y para crear un esquema de subsidios para las empresas que contratan nuevos trabajadores o restablecen los suspendidos.
Para atraer la inversión privada, el grupo propuso aumentar los beneficios de depreciación instantánea de activos en la inversión de capital al 100 % hasta el final de 2022.
En cuanto al impacto fiscal, el grupo proyecta que el Gobierno tendría un déficit presupuestario primario de 8,2 % del PIB este año y 4,3 % el próximo año.
Esto supone que se gastan alrededor de US$10.500 millones del nuevo fondo Covid en lugar de los US$12.000 millones completos y que el Gobierno no tomará medidas de austeridad el próximo año porque la economía necesitará impulso.
El financiamiento del déficit provendría de una combinación de emisiones de bonos y retiros de fondos de contingencia.
El grupo estima que la deuda como parte del PIB aumentará al 40 % para fines de 2021. Además, ven una posible estabilización de la deuda en torno al 46 % o 48 % del PIB si el déficit primario converge a casi cero para 2025.
(Reporte de CEEMarketWatch para Valora Analitik)
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