El Gobierno nacional, a través de la Resolución 1161 de 2020, autorizó al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para “celebrar un crédito de tesorería con el Ministerio de Hacienda por valor de $515.446 millones”.
De acuerdo con el documento, estos recursos se requieren para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía en la zona de influencia de Electricaribe.
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Hay que recordar que desde 2016 la Superintendencia de Servicios tiene en intervención a esa empresa y para asegurar el suministro a 2,7 millones de usuarios en la Costa Caribe ha tenido que pedir al Gobierno recursos, que solamente para 2020, ya suman cerca de $2 billones.
Dicta la Resolución que la Superservicios deberá garantizar que ese dinero garantice la prestación del servicio. Entre las condiciones del crédito quedó establecido que el crédito se entregará en un desembolso (que se dio el pasado 22 de mayo).
Sobre los intereses, quedó estipulado que se manejará “la tasa efectiva anual equivalente al plazo en la curva de rendimientos otorgada por el Banco de la República (…) vigente el día en que se realice el desembolso”.
Así mismo, “los intereses se causarán a partir de la fecha del desembolso y será pagaderos junto con el capital en la fecha del vencimiento del crédito”, que es de 12 meses.
Con esto, Electricaribe recibe otra inyección de flujo de caja, y sigue completando una reestructuración que el pasado 20 de marzo tuvo uno de sus puntos más importantes: la subasta que le adjudicó a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la atención del bloque Caribe Mar (Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba), con 1,51 millones de usuarios; y al Consorcio Energía de la Costa (compuesto por America Corp y la Empresa de Energía de Pereira) que prestará el servicio a 1,21 millones de clientes en La Guajira, Atlántico y Córdoba.
Tanto EPM como el Consorcio Energía de la Costa deberán invertir $8,7 billones en los próximos 10 años, y arrancarán operaciones en octubre.
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