La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa a Rappi para que cumpla con la normatividad de comercio electrónico.
Esta decisión se impartió luego de que la SIC analizara la naturaleza del modelo de negocio de la sociedad en mención, donde se concluyó que ésta funge como proveedor o expendedor de bienes y servicios a través de medios electrónicos (plataformas de comercio electrónico), superando el alcance de los portales de contacto, por lo que ahora debe cumplir con las disposiciones del Estatuto del Consumidor.
La SIC encontró que Rappi no solo cumple con la función de contactar a ‘rappitenderos’, consumidores y aliados comerciales, sino que hace parte de la cadena de comercialización, así sea de manera indirecta, de los bienes y servicios que ofrece a través de su plataforma.
De otro lado, la Superindustria evaluó el documento denominado términos y condiciones de uso de la plataforma por parte de los consumidores, y determinó que algunas disposiciones podrían vulnerar las normas del Estatuto del Consumidor.
“Con la finalidad de proteger a los consumidores en relación con los precios anunciados y las promociones y ofertas, Rappi tendrá que informar en sus plataformas de comercio electrónico, el precio total de los productos, incluyendo todos los impuestos, costos y gastos, sin que sea posible la modificación posterior al momento de aceptar la orden de compra dada por el consumidor. No obstante, si después de haberse efectuado la transacción se anunciaran dos o más precios, el consumidor sólo estará obligado a pagar el precio más bajo”, dijo la SIC.
Mediante la resolución 40214 de 28 de agosto de 2019, la SIC formuló pliego de cargos contra Rappi por una presunta vulneración a las normas que protegen al consumidor por conductas relacionadas con información, publicidad engañosa, promociones y ofertas, información pública de precios, cláusulas abusivas y comercio electrónico.
En caso de encontrarse probados los cargos imputados, la SIC podría sancionar a Rappi con multas de hasta por 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
—
