En un debate de control político en el Congreso de la República al proceso de intervención y venta de Electricaribe se revelaron nuevos detalles sobre la actualidad financiera y operativa de la empresa.
La agente interventora de la compañía reveló que hoy arroja pérdidas anuales por $1,2 billones por las llamadas pérdidas técnicas y por falta de recaudo entre los usuarios. Agregó que otros $1,4 billones se pierden por deficiencias administrativas.
A pesar de esas cifras negativas, destacó que en marzo de 2019 todas las facturas de la empresa están al día, faltando por pagar facturas de abril que se vencen la próxima semana.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó que desde que se inició el proceso de intervención de Electricaribe a finales de 2016 se han invertido alrededor de $138 mil millones al año, lo cual es insuficiente para una red energética a la que no se la había hecho intervención de acuerdo con las necesidades de la región.
En el pasado, dijo la entidad, en manos de un privado (Gas Natural Fenosa) no se hicieron las inversiones, en tanto hoy el Gobierno -con recursos limitados- ha garantizado la prestación del servicio.
Las deudas
La SuperServicios, representada por Andrés Bitar, detalló que las deudas pretoma de la empresa suman $2,5 billones distribuidos así: con los bancos por $1,9 billones, con proveedores por alrededor de $110 mil millones, con los generadores por $235 mil millones.
Recordó, como lo informó Valora Analitik desde febrero, que esas deudas quedaron por fuera de la transacción de venta de la empresa.
En su presentación se dijo que los acreedores “podrán hacer un acuerdo de acreedores antes de que se adjudique el contrato, en caso de que se haga el acuerdo de acreedores esa plata no se perdería y el Gobierno tiene esa puerta abierta”.
A la fecha, $1,6 billones se han generado como deuda por los préstamos de la SuperServicios (a través del Fondo Empresarial) para la compra de energía evitando alteración en la prestación del servicio. Otros $125 millones fueron aprobados por la Junta y dispuestos por el Gobierno para inversiones este año. A ello se suman otros $735 millones aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para inversiones nuevas en 2019.
En el caso de la deuda postoma, el Gobierno indicó que se asumen $1,2 billones del pasivo pensional de Electricaribe y, una vez recibido el dinero de la venta, se tomarán recursos para pagar ese pasivo. El resto se devolverá al fondo empresarial de la SuperServicios que ha entregado las garantías para los recursos conseguidos.
La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, advirtió en el debate que las deudas que no se alcancen a pagar con la venta de la empresa, es “muy posible” que no se puedan pagar a los acreedores.
Argumentó que la venta de Electricaribe será basada un precio mínimo que fije una banca de inversión y se mantendrá en reserva para maximizar el ingreso de recursos al Estado.
Los acreedores, entre ellos los bancos, solo recibirán dineros cuando el Gobierno haya recuperado todos los recursos que le prestó a la empresa para recuperarla y para inversión.
“No le llegará un peso a un privado hasta que no se haya pagado la totalidad de las deudas que ha asumido el Gobierno”, dijo la ministra.
Dijo -a manera de ejemplo- que si la empresa se vende en $6 billones, con esos recursos se pagan los $1,2 billones del pasivo pensional, luego se pagan las deudas que ha adquirido el Fondo Empresarial de la SuperServicios para apoyar la intervención de Electricaribe. La plata que llegase a sobrar después de esos pagos será para atender a los acreedores.
“No les va a llegar plata a los privados hasta que se hayan pagado totas las deudas” del Gobierno, dijo. Entre esas deudas están las garantías para los préstamos del Fondo Empresarial, la caja, entre otros.
Aclaró que las deudas postoma sí entrarán en la negociación de venta de la empresa en el proceso que se espere termine en septiembre próximo.
