La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicó un documento en el cual realiza un análisis sobre los posibles montos y empresas que el Gobierno del presidente Iván Duque podría privatizar.
Para Anif, el Gobierno plantea realizar esas enajenaciones con el fin de obtener los recursos necesarios para cumplir las metas fiscales del país.
“Como se ve, el plan-B fiscal de la administración Duque en realidad solo cuenta con la opción de privatizaciones en activos sustantivos como los de Ecopetrol, Cenit e ISA. Esas opciones más probables podrían allegar recursos por cerca del 3% del PIB, de lograrse su aprobación completa”, dice la entidad.
Anif ha venido mencionando que esos recursos de las privatizaciones no deberían dilapidarse en gasto operativo, sino aplicarse al financiamiento de infraestructura, principalmente al desarrollo de las vías 4G.
Los cálculos de Anif estiman que la venta del 8,5% de Ecopetrol le pueden dar al país entre 1,2% del PIB y 1,6% del PIB (de $12 a $16 billones, aproximadamente). Por su parte, la venta de ISA podría aportar a las arcas estatales 1,8% del PIB ($18 billones).
“Otra razón para pensar en la enajenación de acciones de Ecopetrol tiene que ver con sus dificultades para optimizar su operación. Son bien conocidos los constantes saboteos a los que son sometidas sus instalaciones, donde la Fiscalía ha tenido que intervenir seriamente para atajarlos; también se sabe que, a pesar de los progresos, sus esquemas de contratación siguen siendo deficientes, y claramente su experticia técnica aún deja que desear”, agrega Anif.
El documento concluye afirmando que, si los recursos de dichas enajenaciones se destinan al gasto operativo del Gobierno, sería contraproducente en “términos de responsabilidad fiscal”.
“Además iría en contra del espíritu de la Regla Fiscal sobre el tratamiento de esos recursos. Lo que debe quedar claro es que este tipo de medidas no será la tabla salvadora a las afugias fiscales que afronta el país, debiéndose avanzar en los frentes estructurales tributarios, laborales y pensionales, so-pena de arriesgar Colombia la degradación de un peldaño en nuestra calificación crediticia en horizontes de doce meses”, concluyó Anif.
