Según cifras de la Contraloría, los recursos que tiene disponibles el Gobierno Nacional para financiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras siguen siendo insuficientes y se requiere un esfuerzo presupuestal adicional, entre 2019 y 2021, del orden de $39.04 billones por año.
El vicecontralor general de la República, Ricardo Rodríguez Yee, indicó ante la Corte Constitucional que es necesario revisar el plan de ejecución actual de esta ley, tomando como referente el valor ejecutado en 2017 ($13.5 billones).
«Para cumplir con los requerimientos de la Ley 1448 de 2011, se requeriría un plazo adicional de diez años, contados a partir del actual 2018», precisó el funcionario.
Al analizar el escenario de financiamiento de la Ley 1448 de 2011, las estimaciones de la Contraloría indican que aún hacen falta por financiar $129,3 billones para culminar los compromisos para el período 2018-2021.
Este valor es superior en $28,4 billones constantes de 2018 al estimado por el Gobierno Nacional en la respuesta al Auto 373 de 2016 ($100,9 billones).
Las medidas que mayor esfuerzo fiscal requieren son indemnización administrativa ($42,7 billones) y vivienda urbana y rural ($31 billones).
