Hace un año y medio el escándalo de Odebrecht parecía estar en su mayor fuerza y Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país y socio de la corrupta multinacional brasileña en su mayor contrato en Colombia, pintaba fuera de peligro a pesar de que era claro que una de sus empresas se había beneficiado de los sobornos.
Ahora, tras las extrañas muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, y de algunos avances en las investigaciones, esa inmunidad no es tan obvia porque tiene varios cuestionamientos directos. Ese riesgo se concreta en estos cuatro puntos:
- Lo arrastra la caída de su abogado de confianza y amigo personal
Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general, era el abogado de confianza para los grandes negocios de Sarmiento. Ahora que está en el ojo del huracán afecta a Sarmiento, no solo por esa relación pasada y su amistad sino porque en el corazón del escándalo que lo afecta está ese vínculo.
Martínez duró toda la semana pasada dando explicaciones en medios después de que Noticias Uno reveló una grabación de una reunión con Jorge Enrique Pizano en 2015, que muestra que el hoy fiscal, como abogado de Sarmiento, tenía datos de que había cosas sospechosas del caso Odebrecht que no denunció y en los que ha intervenido.
Más allá de la difícil situación de Martínez, que llevó a que tras la revelación de una segunda grabación el viernes en El Espectador su vicefiscal le haya preguntado oficialmente a la Corte Suprema si se puede nombrar un fiscal ad hoc para todo el caso Odebrecht, Sarmiento termina afectado.
Eso porque todo el escándalo refuerza la idea de que Sarmiento ayudó a elegir a su amigo de fiscal o que eso le asegura una inmunidad frente a la justicia penal, como lo dicho señalado el senador Jorge Robledo.
2. El fiscal lo echó al agua y lo puso en el centro del proceso penal
Néstor Humberto Martínez dijo que él le entregó a Sarmiento Angulo toda la información de posible corrupción de la Ruta del Sol 2 que, como abogado de Sarmiento, recibió de Jorge Enrique Pizano. Y eso tiene sentido pues el Grupo Aval había puesto a Pizano en la concesionaria de la Ruta del Sol 2 justamente para vigilar a Odebrecht.
“De manera inmediata el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación”, explicó en un comunicado en la madrugada del martes pasado, después de la primera revelación de una grabación del hoy fiscal con Pizano.
Eso deja muy mal parado a Sarmiento, pues significa que tuvo, personalmente, acceso a la información.
Aunque Aval ha explicado que se tomó en serio esos datos e hizo una investigación (algo que dice Martínez en otra grabación con Pizano) con la multinacional PriceWaterhouseCoopers y no encontró pruebas de que hubiera delitos, había por lo menos una opinión de un penalista de que sí podía haberlos, como ha reconocido Martínez.
Además, en 2016 Odebrecht aceptó la existencia de pagos irregulares y por eso firmó un contrato de transacción con Aval para devolverle a la concesión 33 mil millones de pesos en pagos irregulares.
Aunque no hay datos de que Sarmiento hubiera conocido esa transacción directamente, es probable que fuera así, pues fue su amigo Martínez quien redactó ese contrato como solución final a los pagos irregulares.
3. Su hijo y heredero está enredado
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez es el hijo mayor de Sarmiento Angulo, su heredero a la cabeza de los negocios y el presidente de Grupo Aval, la empresa holding de Sarmiento.
Hasta ahora ha sido quien ha dado la cara por el Grupo. El hecho más visible fue una decisión inédita de hace dos meses: en El Tiempo, principal diario del país y de propiedad de la familia, dio una entrevista a María Isabel Rueda para tratar de aclarar los hechos.
Pero a Sarmiento Júnior no le ha ido bien.
Por un lado, esa misma semana la Superintendencia de Industria y Comercio le imputó cargos. La acusación es que aprovechó el conflicto de intereses entre el vicepresidente de planeación de Aval, Diego Fernando Solano, y su esposa y funcionaria de la Corporación Financiera Internacional, María Victoria Guarín, quien trabajó directamente en la estructuración de la Ruta del Sol 2 (la concesión que Aval ganó con Odebrecht y gracias a que los brasileros pagaron una coima de 6,5 millones de dólares).
La decisión de la Superintendencia demuestra que Sarmiento Júnior sabía que este hecho fue denunciado, pero no es claro si también supo de un aprovechamiento de ese conflicto de intereses o lo promovió. Si llega a demostrar lo segundo, la situación jurídica se le puede enredar más.
Por otro, no solo es presidente de Aval sino que desde 2007 ha sido miembro y presidente de la junta directiva de Corficolombiana, la empresa inversionista del grupo que fue socia de Odebrecht a través de su filial Episol, y que manejaba directamente las relaciones con los brasileños.
Como miembro y presidente de la Junta tuvo varias funciones que lo vinculan con los líos.
Una es que supervisó la labor de José Elías Melo, el presidente de Corficolombiana que según la Fiscalía sabía de las coimas y que ellas beneficiaban a la empresa.
Otra es que en ese cargo conoció de las solicitudes de Jorge Enrique Pizano (controller de la concesión puesto por Corfi) de que Corfi le pidiera explicaciones a Odebrecht por pagos sospechosos, y posiblemente de los mensajes posteriores de Pizano sobre sospechas mayores.
Y una tercera es que probablemente conoció el contrato de transacción con el que Corfi aceptó que Odebrecht devolviera a la concesionaria 33 mil millones de pesos que había pagado de forma irregular, a cambio del silencio de ambas partes y de poner un nuevo mecanismo de control interno.
4. Se abrió la puerta a que investiguen a sus empresas en Estados Unidos
El Grupo Aval cotiza en Wall Street desde 2014, como consecuencia de un largo proceso para internacionalizarse que lideró Sarmiento júnior. Eso significa que está bajo la supervisión de las autoridades estadounidenses del sector y especialmente de la Securities and Exchange Commission, SEC, que vigila y sanciona a las empresas que cotizan en esa bolsa.
Sarmiento Gutiérrez presentó oficialmente a la SEC, en febrero de 2017, la información que dio a sus inversionistas en una llamada por conferencia ese mismo mes. Allí afirmó que en enero de 2017 se enteraron de las acciones ilegales de Odebrecht en el contrato de Ruta del Sol 2 y que por eso solicitaron oficialmente ser reconocidos como víctimas de esas acciones.
El problema es que las conversaciones de Pizano con Néstor Humberto Martínez, en ese entonces abogado de Aval, y los correos de Pizano, demuestran que éste informó a Corficolombiana de acciones sospechosas por lo menos desde 2013. También que en 2015 sus informaciones tenían tal peso que Martínez contrató un penalista para revisarlas y éste encontró indicios de varios delitos.
Si bien eso no indica que en Aval supieran en concreto de los sobornos, el problema es que la frase concreta que usó Sarmiento Júnior se puede entender como negando cualquier indicio: “no teníamos absolutamente ningún conocimiento de las acciones ilegales de nuestro socio” (we had absolutely no knowledge of our partner’s illegal actions).
La SEC puede abrir investigaciones y sancionar por violaciones a una ley que prohíbe la corrupción en otros países, la Foreign Corrupt Practices Act, desde 2010 tiene una división solo para hacerlo y muestra con orgullo sus logros en la materia, que suman 13 sanciones por 300 millones de dólares solo este año.
Además, coopera con el Departamento de Justicia, que puede hacer acusaciones penales por esos mismos hechos y que, como han demostrado estudiosos del tema, se ha venido concentrando en procesar más a ejecutivos que a empresas. Es decir, más a personas como Sarmiento Gutiérrez que a entidades como Grupo Aval.
Encima, el periodista Gonzalo Guillén interpuso una denuncia penal contra Martínez, que puede hacer que la justicia estadounidense escarbe más en las acciones de Aval, pues la mayoría de las actuaciones del hoy fiscal en el caso se dieron como abogado de Sarmiento.
Si se llega a iniciar una investigación penal en ese país, el riesgo para el emporio de Sarmiento es grande no solo porque Aval cotiza allá sino porque hay un proceso matriz contra Odebrecht, lo que significa que su justicia ve relevancia en el caso en general.
Además, la justicia de Estados Unidos tiene herramientas para congelar sus activos y operaciones financieras a través de sus sistemas, lo que golpearía muy duro a un grupo económico cuyo corazón son las finanzas y que opera en Colombia, seis países centroamericanos incluyendo Panamá y México, y que hace negocios con decenas de países más.
