Sin haber salido de la ley de financiamiento, el Gobierno de Iván Duque está preparando desde ya la que será su propuesta de reforma pensional, que –en buena parte– copará los debates legislativos del próximo año.
De hecho, este diario pudo establecer que marzo del 2019 será fecha en la que los ministerios de Trabajo y Hacienda radicarán está iniciativa, y que coincide con el inicio del próximo periodo legislativo.
Fuentes de la cartera laboral aseguraron que, si bien el articulado sigue crudo, una parte de lo que allí quedará coincide con varias de las propuestas que han planteado el gremio de los fondos privados, Asofondos, y los centros de estudios Anif y Fedesarrollo.
Estos tres, por supuesto, ya armaron sus respectivos planes e iniciativas, y se las presentaron al Gobierno, el cual dedicará todo lo que queda del 2018 y el primer trimestre del próximo año para armar el articulado que llegue finalmente al Congreso.
Entre las ideas hay de todo: desde crear un sistema multipilar y de un solo régimen, pasando por la proposición de marchitar Colpensiones y llegando hasta el aumento de la edad, tanto para hombres como mujeres, que se llevaría a cabo en los próximos años.
Para Andrés Felipe Uribe, viceministro de Empleo y Pensiones, la discusión en su momento tendrá que girar en torno a aquellos que no pueden acceder al régimen pensional, ya sea privado o público.
“La problemática hay que hablarla desde el mercado laboral, si se tiene en cuenta que una reforma debería cubrir, además del tema pensional, las coberturas de los beneficios económicos periódicos (Beps) y del pilar solidario, que incluye a los beneficiarios del Sisbén”, indicó el funcionario, durante su intervención en un evento de Anif, la semana pasada.
Sin embargo, en el Gobierno están prendidas las alertas por el bajo número de cotizantes, ya que de 22 millones de personas que están afiliadas al Sistema General de Pensiones, solo 8 millones hacen sus aportes, es decir, el 36% de quienes tendrían que hacerlo.
Este es solo uno de los puntos de la llamada bomba pensional en Colombia, que según expertos del sector está cerca de estallar, y por lo cual, en la opinión de Asofondos, urge que más colombianos (incluyendo a trabajadores informales) tengan una pensión, y que se genere un ajuste en el pilar solidario del programa Colombia Mayor.
Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, indicó que “hay que dejar atrás el debate de lo público y lo privado, y se debe pensar en un régimen viable, que pueda responderles efectivamente a los trabajadores con pensiones buenas y justas, el cual debe ser su propósito principal”.
La reforma que plantea el gremio de fondos privados, Asofondos, tiene como base “el ahorro, la capitalización individual, con el fin de proveer una pensión justa y buena para los trabajadores; no debe ser para darle caja al Gobierno”. Por esto, aseguró que el sector público también puede tener una administradora de fondo de pensión (AFP) y manejar el ahorro individual, por lo cual Colpensiones tendría que tener una cirugía a profundidad. Además, para quienes no tengan el capital suficiente, proponen crear un fondo común de reserva, destinado a quienes cumplan con la edad de retiro y tengan 1.150 semanas cotizadas.
De forma paralela, “desde una fecha determinada, los nuevos cotizantes entrarán solo a un régimen de capitalización, con administradores privados y públicos, y para quienes les falte menos de 10 años, se definirá un régimen de transición”. Por último, Colombia Mayor cubriría la línea de pobreza de todos los mayores de 65 años, que estén dentro del Sisbén 1 y 2.
Fedesarrollo, por su parte, plantea una reforma a todo el sistema de protección económica a la vejez. Entre los cambios señalan que los subsidios de Colombia Mayor se universalicen en cobertura, aunque sin aumentar el monto del subsidio, como tal. Además, David Forero, investigador del centro de estudios, plantea que los Beps sean de acceso libre, pero señala que todo esto tiene un costo fiscal.
Por lo anterior, señala que el régimen contributivo ayudaría a financiar esta reforma, lo cual se haría “por un esquema de pilares, donde cambia el concepto de afiliado a uno u otro esquema, y uno se afilia a un solo sistema que tiene dos componentes”. Uno sería para quienes reciben hasta un salario mínimo, quienes cotizarían al ‘fondo’ público, y de ahí en adelante se cotizaría en las cuentas individuales (‘privados’). Lo anterior quiere decir que el Estado dejaría de subsidiar las pensiones altas e iniciaría el de encargarse de las pensiones básicas.
La iniciativa del centro de estudios Anif es, en parte, más agresiva, ya que parte de la base de “elevar moderadamente la edad de pensión, a diez años”, como dice su presidente, Sergio Clavijo. De este modo, de aquí al 2028 se mantendrían inalteradas las edades de hombres y mujeres, pero a partir de ese año aumentarían cinco años para cada género. Paralelamente, Clavijo indicó que sería necesario reducir los beneficios pensionales en cerca de 10 o 15 puntos, “para que no siga habiendo faltantes”.
Esta fórmula, según los cálculos de Anif, reducirían el costo fiscal de esta materia de 114% del PIB actual a un 97,5% del PIB, que en plata blanca son más de $160 billones de aquí a los próximos 20 años, es decir, casi un punto del PIB anual. Sin embargo, el directivo de Anif señaló que esta es “una reforma durísima de aprobar en el Congreso. Ojalá no nos ocurra en pensiones lo que hoy pasa en la ley de financiamiento, porque si es así, sería mejor dejar así”, concluyó.
(Tomado de Portafolio)
