El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, anunció que si no llega a un acuerdo con Ecopetrol antes del 22 de septiembre se iría a una huelga nacional o a un arbitraje con la petrolera, reportó Reuters.
USO se encuentra en medio de conversaciones contractuales con Ecopetrol luego de que su contrato de salario y beneficios expirara en junio. Ese trato sigue siendo válido hasta que se firme uno nuevo.
Mientras tanto, una huelga de 24 horas de unos 2.300 trabajadores (de un total de 18 mil de la asociación), que comenzó a las 6 a.m. de ayer, detuvo las plataformas petrolíferas y afectó el mantenimiento de los pozos en el campo La Cira-Infantas de Ecopetrol.
La compañía precisó que la producción en los pozos no se había visto afectada, pero que se habían detenido 19 plataformas de perforación.
Los huelguistas son empleados de contratistas. Ecopetrol tiene 9.000 empleados directos en todo el país, mientras que sus contratistas emplean a unas 25.000 personas.
«La huelga es parte de un plan de movilización que tiene el sindicato. Más tarde realizaremos otras acciones de movilización en refinerías y gasoductos, dependiendo de los avances en la mesa de negociaciones «, dijo Loza, y añadió que el sindicato no quería ir al arbitraje.
Por su parte, Ecopetrol rechazó a través de un comunicado la huelga y mencionó tomará medidas legales tras paro en uno de los cuatro campos más grandes del país.
«El sindicato también promovió bloqueos en diferentes puntos de acceso donde los empleados directos de Ecopetrol y los contratistas que trabajan en el campo viajan», agregó la compañía.
Como lo dio a conocer previamente Valora Analitik, una eventual huelga en Ecopetrol sería ilegal porque se afectarían derechos fundamentales tales como la salud, la vida y la seguridad; es decir, se considera como esencial el servicio que presta la compañía.
Entre los argumentos legales se menciona que frenar la operación de Ecopetrol provocaría la escasez de combustibles en el país por ser la única empresa que produce gasolina y diesel, entre otros.
Esa situación generaría insuficiencia de combustibles para la movilización del transporte público (como el de Transmilenio en Bogotá), así como de ambulancias, aviones civiles y militares, además de gas para la operación de plantas termoeléctricas, de la industria y de los hogares.
En tanto que los líderes de la USO consideran que la huelga se encuentra amparada como derecho constitucional, pero expertos laborales señalaron que podría calificarse como un caso similar al de Avianca o el de la propia Ecopetrol ocurrido en 2004, cuando la huelga fue declarada como ilegal y fueron despedidos más de 240 trabajadores.
La Cira-Infantas, en el centro de la provincia de Santander, tiene una producción promedio diaria de 45.000 barriles, dijo Ecopetrol.
