En febrero pasado, el Gobierno anunció su intención de vender el 32,5% que tiene en la propiedad accionaria de Coltel (antigua Telecom), cuyo socio mayoritario es Telefónica de España -dueña de la marca Movistar-.
En ese momento, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló que la banca de inversión elegida para hacer el primer proceso de valoración de la empresa fue BNP Paribas.
Hace un par de semanas esa entidad entregó el primer informe al Ministerio de Hacienda sobre lo que considera es el precio justo que debería recibir la Nación por vender su participación.
Valora Analitik conoció hoy que ya se inició la segunda fase del proceso de valoración.
Se trata de la contratación de la banca de inversión española GBS Finance.
Esa firma deberá emitir una “opinión independiente” o “fairness opinion” acerca del primer reporte que entregó BNP sobre Coltel.
Un contrato firmado entre el Ministerio de Hacienda y GBS Finance por $600 millones detalla que la firma deberá “emitir un concepto sobre la razonabilidad del rango del valor de Coltel resultante/sugerido del ejercicio de valoración” que realizó la banca de inversión BNP.
El contrato -que vence en diciembre de 2018- no establece que el proceso deba realizarse con celeridad, a pesar de que el ministro Cárdenas dijo en febrero que espera que la venta esté lista antes del cambio de Gobierno.
El mercado financiero está atento al desarrollo de esta operación tomando en cuenta que se ha dicho que Telefónica de España estaría interesada en comprar la restante participación en Coltel.
Eso podría significar una monetización importante de divisas para cumplir la compra, con la presión que eso causaría sobre el dólar una vez conocido el monto y la fecha de pago.
GBS Finance y Telefónica
La firma de banca de inversión nació en España en 1991 y uno de sus principales clientes es Teléfonica y quien hoy comparte la propiedad accionaria de Coltel con el Gobierno de Colombia.
Como se dijo, Telefónica sería uno de los interesados por quedarse con el 100% de las acciones de Coltel.
GBS tiene oficinas en Portugal, EE. UU, Pekín, Shanghái y planea expandir operaciones a Latinoamérica como Ecuador.
En la actualidad, tiene una alianza con el Grupo Credicorp que hace presencia en Colombia, Perú y Bolivia.
Hoy en día, Colombia es el segundo mercado más importante para GBS después de Madrid.
La venta
Otro de los aspectos relevantes del proceso de venta es que el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios de la ciudadanía un proyecto de decreto en el que se establecen las condiciones que tendría la enajenación.
Allí se indica que “la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público es propietaria de 1.108.269.271 acciones ordinarias en circulación de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), las cuales equivalen al 32,5% del total del capital suscrito y pagado de esa sociedad”.
El proyecto de decreto señala que el Programa de Enajenación de las acciones de la Nación en Coltel fue preparado por el Ministerio de Hacienda y se diseñó con la intención “de enajenar la participación accionaria de la Nación bajo condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, en consonancia con las reglas y principios establecidos en la Ley 226 de 1995”.
De esta manera, la venta de las acciones se llevará a cabo en dos etapas tal como ha sucedido en otros procesos como el de Isagen: La primera, para destinatarios especiales como trabajadores, pensionados, fondos de pensiones y cooperativas; la segunda, destinada al mercado en general.
La OPA y el pago
En desarrollo de la primera etapa de la enajenación se realizará una oferta pública de la totalidad de las acciones en condiciones “de amplia publicidad y libre concurrencia”.
Esa OPA se realizará al precio fijo por acción que decida la banda de inversión para los destinatarios de las condiciones especiales.
Dentro de las especificaciones del Gobierno quedaría establecido que “con el objeto de facilitar a los destinatarios de las condiciones especiales el acceso a la propiedad de las acciones, éstas se ofrecerán en la primera etapa una vez una o varias instituciones hayan establecido líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las mismas, que impliquen una financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al 10% del valor total de las acciones objeto del programa de enajenación”.
El proyecto de decreto que está para comentarios hasta hoy se puede consultar aquí.
