Desde agosto de 2024, cerca de 11 millones de hogares de Colombia se beneficiarán con la reducción de tarifas de aseo, luego de la implementación de la Resolución 1000 de 2024 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), firmada el pasado 12 de julio y publicada en el Diario Oficial.
Se trata de la aplicación del denominado Factor de Productividad en las tarifas, que, de acuerdo con Ruth Quevedo, directora ejecutiva de la Comisión, es “un principio sencillo que ordena trasladar a los usuarios, vía tarifa, los aumentos en la productividad y la mayor eficiencia de las empresas”.
Según se explicó, desde 2019 se debió reconocer la productividad, de acuerdo con el marco regulatorio, pero solo hasta ahora tendrá un impacto visible para los usuarios.
Esto por cuanto la cifra establecida para 2019 fue muy baja (0,072 %) y en 2020 no se le reconoció productividad al sector, argumentando el contexto de pandemia, algo que se repitió en 2021.
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Sin embargo, el Gobierno definió el Factor de Productividad de 2024 en 2,18. Es la primera vez que se logra medir este indicador con información propia del sector, para lo cual se contó con datos correspondientes a 2021 y 2022.
Otros efectos de la medida de reducción en tarifas de aseo
La CRA precisó que la tarifa de los suscriptores bajará dependiendo del estrato y el municipio o ciudad en donde se encuentren ubicados los usuarios.
De acuerdo con la comisionada Quevedo “es una norma que implica un ‘gana – gana’, pues hace justicia con los usuarios y también estimula a las empresas prestadoras del servicio a ser más productivas y eficientes, con lo cual también resultan implícitamente beneficiadas”.
Agregó que las empresas se quedan con el 50 % de ese reconocimiento de eficiencia y, por otro lado, los usuarios se quedan con el otro 50 %, que se refleja en la disminución de la tarifa.
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El beneficio también impactará las entidades territoriales, al disminuir la carga fiscal para pagar subsidios. Con la reducción de la tarifa, esos dineros destinados a subsidios para estratos 1, 2 y 3 podrán ser menores.
En este sentido, las entidades territoriales podrán tener un alivio de aproximadamente entre $7 millones y $14.000 millones en un año tarifario.
